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El director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Ariel Cortés, informó públicamente que desde el Ejecutivo se han realizado requerimientos para acceder al protocolo de necropsia practicado a Kevin Arley Acosta. Explicó que ese documento está cobijado por reserva legal dentro de la investigación penal y que su entrega corresponde únicamente a la Fiscalía General de la Nación, autoridad que dirige el proceso y conserva la custodia de la evidencia.
Según lo expuesto por el funcionario, desde el Ministerio de Salud y Protección Social se promovió una solicitud por vía judicial con el fin de conocer el contenido del informe técnico. El caso fue revisado por un juez, quien resolvió que no era procedente ordenar su entrega por fuera del conducto establecido para este tipo de pruebas dentro de una investigación penal.
Cortés señaló que divulgar ese material por fuera de los canales previstos en la ley puede afectar la cadena de custodia y las reglas que rigen la práctica forense. Precisó que Medicina Legal actúa como apoyo técnico de la Fiscalía y que no tiene competencia para suministrar directamente este tipo de documentos a otras autoridades.
En medio de la discusión pública que se ha generado por las circunstancias de la muerte del menor, también se mencionaron datos clínicos del niño. Esta situación dio lugar a denuncias ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes por el uso de información que hace parte de la historia médica.
La familia del menor manifestó su desacuerdo con la exposición del caso mientras avanza la investigación bajo la competencia de las autoridades judiciales. El protocolo de necropsia permanece dentro del expediente penal como parte del material probatorio en poder de la Fiscalía.
