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Los productores de arroz advirtieron sobre la difícil situación que atraviesa el cultivo en Colombia. En una carta abierta enviada desde Campoalegre, Huila, el gremio solicitó al presidente electo, Abelardo de La Espriella, que incluya dentro de su agenda una serie de medidas para aliviar la crisis que, según afirman, ha reducido la rentabilidad de los agricultores por el aumento de los costos de producción.
En el documento, los arroceros aseguran que el sector enfrenta un panorama cada vez más complejo por el incremento de los costos de los insumos, la mano de obra y otros gastos asociados a la producción. Señalan que esa situación ha reducido los márgenes de rentabilidad y advierten que, de no adoptarse medidas, podría verse comprometida la continuidad de muchos cultivos y la producción nacional de arroz.
Entre las solicitudes figura la reactivación del incentivo al almacenamiento para regular la oferta durante las cosechas y evitar caídas en el precio pagado al productor. También plantean retomar una iniciativa legislativa presentada en 2022 para reconocer hasta el 30% de los ingresos como costos de mano de obra y revisar la Resolución 532 de 2024 de la UGPP, al considerar que la metodología vigente incrementó la base para calcular los aportes a la seguridad social.
La carta también propone fortalecer el Fondo de Solidaridad Agropecuario mediante mayores recursos para la compra de cartera y la refinanciación de deudas, además de eliminar los reportes negativos en centrales de riesgo para quienes accedan a ese mecanismo. De igual forma, solicita reforzar los controles a las importaciones de arroz, especialmente las provenientes de Ecuador, intensificar la lucha contra el contrabando y respaldar el proyecto de ley que busca crear un Fondo de Estabilización para reducir la volatilidad de los precios.
Finalmente, los productores pidieron revisar la metodología con la que se calcula la Tarifa por Utilización de Agua, cuyos incrementos comenzaron a aplicarse desde 2025, así como ajustar el sistema de actualización de los avalúos catastrales y del impuesto predial rural. A juicio del gremio, estas medidas permitirían reducir la presión económica sobre el sector y contribuirían a preservar la producción arrocera y el abastecimiento del mercado nacional.
