Judicial
Casi diez años después del colapso de la tribuna occidental del estadio Guillermo Plazas Alcid de Neiva, comenzó el juicio oral contra siete personas señaladas de presuntas irregularidades en la contratación y ejecución de las obras de remodelación. Durante la instalación de esta etapa procesal, ninguno de los acusados aceptó los cargos formulados por la Fiscalía, por lo que el caso entró formalmente a la fase de juzgamiento.
La tragedia ocurrió el 19 de agosto de 2016 mientras se adelantaban trabajos de adecuación en el escenario deportivo. El desplome de la estructura dejó cuatro personas fallecidas y diez heridas, además de un detrimento patrimonial estimado en más de 24.000 millones de pesos, según las investigaciones adelantadas por los organismos competentes.
En el proceso son juzgados el exalcalde de Neiva Pedro Hernán Suárez, el exjefe de Contratación Carlos Fernando Puentes Ramírez, el exdirector de Deportes y Recreación Carlos Alberto Ramos Parrací, el curador urbano primero Mauricio Vargas Cuéllar y los contratistas Miguel Alejandro Lozano, Gustavo Adolfo Arboleda y Erika Johanna Fernández.
De acuerdo con la acusación, los procesados deberán responder por presuntos hechos relacionados con contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, peculado, prevaricato por acción y falsedad ideológica en documento público. Será durante el desarrollo del juicio cuando la Fiscalía y las defensas expongan sus argumentos y el material probatorio que sustenta cada una de sus posiciones.
En la primera audiencia, adelantada ante el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Neiva, la Fiscalía presentó su teoría del caso y dio a conocer el volumen de las pruebas que llevará al juicio. El ente acusador anunció la incorporación de 14 cajas con documentación física, cerca de 80 gigabytes de archivos digitales y 72 testimonios, entre ellos los de funcionarios, peritos y personas vinculadas con el proceso de contratación y ejecución de la obra.
Las audiencias continuarán en jornadas de la tarde durante el resto de la semana, dentro de un proceso que se ha convertido en uno de los más relevantes para la justicia en el Huila por las consecuencias que dejó el colapso del escenario deportivo. El Consejo Superior de la Judicatura mantiene vigilancia especial sobre el expediente con el propósito de garantizar el avance oportuno del juicio y evitar que la acción penal prescriba.
