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El Gobierno nacional confirmó el cierre de las mesas de diálogo, espacios sociojurídicos y zonas de ubicación temporal que fueron instalados durante la administración de Gustavo Petro como parte de la política de Paz Total.
La decisión incluye los procesos que permanecían abiertos con organizaciones armadas y estructuras criminales, entre ellos la mesa de negociación con el ELN, suspendida desde enero de 2025, y los diálogos con diferentes disidencias de las Farc. También quedaron incluidos los acercamientos con las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada y el Clan del Golfo, así como los espacios urbanos establecidos con bandas delincuenciales en Medellín y el Valle de Aburrá, Buenaventura y Chocó.
El Ejecutivo argumentó que los procesos no alcanzaron los resultados esperados en materia de paz, desarme o sometimiento a la justicia. De acuerdo con la posición oficial, no continuarán funcionando escenarios institucionales cuando no existan avances concretos y cuando estos puedan ser utilizados por las organizaciones armadas para mantener sus actividades ilegales o evitar la acción de las autoridades.
Entre los procesos que llegan a su fin están los adelantados con el Estado Mayor de los Bloques Magdalena Medio, liderado por alias Calarcá, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, bajo el mando de alias Walter Mendoza, y el Frente Comuneros del Sur, en Nariño.
La determinación también alcanza las mesas sociojurídicas que se desarrollaban con estructuras delincuenciales en Medellín y el Valle de Aburrá, entre ellas La Oficina, Los Chatas, El Mesa y Los Triana. En Buenaventura se cerraron los espacios con Los Espartanos y Los Shottas, mientras que en Chocó la medida cobija los procesos con Los Mexicanos, Los Locos Yam y RPS.
A estos cierres se suma el levantamiento de la Zona de Ubicación Temporal instalada en Valle del Guamuez, Putumayo, dentro de los mecanismos establecidos durante la política de Paz Total.
Con el cambio de directriz, el Gobierno señaló que los integrantes de estas organizaciones tendrán como alternativa el sometimiento a la justicia. Quienes no se acojan a este mecanismo o continúen vinculados a hechos violentos serán enfrentados mediante operaciones de la Fuerza Pública.
De manera paralela, la Fiscalía General de la Nación reactivó las órdenes de captura contra los principales cabecillas de las estructuras involucradas en estos procesos. La medida supone el cierre de los escenarios de negociación y el regreso de estos responsables al esquema judicial y operativo previsto por las autoridades.
El anuncio representa un cambio frente al modelo de negociación implementado durante el Gobierno de Gustavo Petro, que buscó mantener abiertos distintos canales de diálogo con organizaciones armadas y estructuras criminales. A partir de ahora, la ruta definida por el Ejecutivo estará concentrada en el sometimiento a la justicia y en la acción de la Fuerza Pública contra quienes mantengan actividades delictivas.
