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La Federación de Comunales del Huila expresó su preocupación por los procesos que, según informó, han sido abiertos contra 16 líderes comunales durante este año, en situaciones relacionadas con hechos ocurridos en zonas donde tienen presencia grupos armados ilegales. La organización pide que, al momento de establecer responsabilidades, se tenga en cuenta la presión a la que pueden estar sometidos los líderes que ejercen su labor en territorios afectados por el conflicto.
Luis Humberto Soto Suaza, vicepresidente de la Federación de Comunales del Huila, explicó que una de las situaciones que genera mayor inquietud es que un presidente de junta pueda ser requerido por haber atendido una orden de un grupo ilegal. Señaló que, en algunos territorios, estos actores pueden exigir la convocatoria de reuniones y que negarse puede representar un riesgo para el propio dirigente. “Si llega un grupo ilegal y le dice al presidente: cite una reunión, ¿qué creen que va a hacer ese presidente? Va y cita la reunión. Si dice que no, tiene dos opciones: que le peguen un balazo o que tenga que irse”, afirmó.
El dirigente comunal insistió en que esa conducta no puede equipararse automáticamente con una colaboración voluntaria. Para la Federación, existe una diferencia entre un líder que promueve deliberadamente encuentros con estructuras ilegales y aquel que actúa bajo presión para proteger su vida o la de los integrantes de su comunidad. “Una cosa muy distinta es que un presidente de una junta promueva una reunión con esa gente. Ahí ya estamos ante un delito. Pero cuando usted llega y le dicen que tiene que citar, o si no ya sabe cuáles son las opciones, ahí no está haciendo complicidad”, sostuvo Soto Suaza.
Entre los casos mencionados está el de la presidenta de la Federación, quien fue requerida por la Fiscalía después de pronunciarse públicamente sobre un homicidio ocurrido este año. De acuerdo con Soto Suaza, durante la diligencia le preguntaron qué información conocía sobre el caso y cómo sabía que la víctima tenía vínculo con el movimiento comunal. La situación, aseguró, generó preocupación dentro de la organización porque puede llevar a que los dirigentes opten por guardar silencio frente a hechos de violencia para evitar ser vinculados a investigaciones.
“Ella dijo: ‘Yo ya no vuelvo a hablar cuando haya un tema porque entonces van a decir que yo sé la información, que yo sé qué pasó’”, relató el vicepresidente, quien señaló que existen situaciones similares en municipios como Palestina y Baraya.
La Federación asegura que ha planteado esta preocupación ante representantes de la Fiscalía durante espacios de trabajo y sostiene que los organismos de investigación deben valorar las condiciones en las que actúan los dirigentes comunales en las zonas rurales. Soto Suaza señaló que el propósito no es justificar conductas delictivas, sino establecer una diferencia entre quienes voluntariamente promueven acciones de grupos ilegales y quienes terminan cumpliendo instrucciones bajo amenaza.
La situación adquiere especial preocupación ante la proximidad de las elecciones, periodo en el que, según el dirigente, históricamente aumentan los riesgos de violencia contra quienes ejercen liderazgo en los territorios. La Federación espera que las autoridades nacionales, departamentales y municipales refuercen las medidas de seguridad para los dirigentes comunales durante esta etapa.
Al mismo tiempo, Soto Suaza reconoció que existe entre los comunales un interés por participar en política electoral. Aunque todavía no hay una decisión definida, señaló que algunos delegados podrían considerar candidaturas para concejos municipales, alcaldías e incluso la Asamblea del Huila. Advirtió que esa eventual participación también podría incrementar las presiones y señalamientos contra los líderes en los municipios.
En cuanto a la estructura comunal, la Federación reporta alrededor de 1.200 juntas de acción comunal en el departamento. Actualmente cuenta con 12 municipios con asojuntas, sin incluir a Neiva y Pitalito, que tienen una organización federativa distinta. Además, cerca de 800 juntas se encuentran pendientes de aprobación o en trámite ante las autoridades competentes, según las cifras entregadas por el dirigente.
Soto Suaza señaló que esta situación representa una reducción en la participación comunal frente al proceso de hace cuatro años, que estima entre un 30 % y un 40 %. Para la Federación, mantener activas las juntas de acción comunal resulta fundamental en los territorios rurales, donde estas organizaciones cumplen funciones de representación y participación comunitaria.
