Por: Fredy Ernesto Tovar Montenegro
Opinión
La periodista Cecilia Orozco Tascón, en su Podcast de la revista Raya, realizó una entrevista a la exfiscal Ángela Maria Buitrago, abogada con el talante suficiente para remover una de las heridas más dolorosas de la historia de Colombia, la toma y retoma del palacio de Justicia en noviembre de 1985. Con una postura avasalladora, reconstruyó sin tapujos el complot de poder, silencio y encubrimiento que caracterizaron este desventurado episodio. El relato de Buitrago es historia viva, es la foto de un Estado que todavía tiene deudas con las víctimas de este holocausto.
Las declaraciones de la exfiscal fueron directas, al recordar que existen pruebas tales como videos, fotografías e incluso declaraciones que evidencian la salida con vida de al menos once personas del palacio de justica bajo la custodia y la responsabilidad de los militares encargados de la retoma; sus nombres son Carlos Rodríguez, administrador de la cafetería; Cristina del Pilar Guarín y Bernardo Beltrán empleados; Gloria Anzola de Lanao y Luz Mary Portela León, visitantes; David Suspes Celis, Héctor Jaime Beltrán, Irma Franco Pineda entre otros. Sus imágenes saliendo del Palacio están en varios documentos fílmicos, pero extrañamente los registros oficiales hicieron desaparecer sus identidades.
Paralelamente, los civiles caminaban custodiados por militares hacia su extraña desaparición y dentro del palacio el Magistrado Alfonso Reyes Echandía, presidente de la Corte Suprema de Justicia rogaba desesperadamente al Presidente Belisario Betancourt un cese al fuego, para abrir la puerta a una posible salida política, hacia una tregua que contuviera la masacre ejecutada por las balas oficiales del Ejército y las bombas de los tanques de guerra que dilapidaron las estructuras del Palacio. Las rogativas de Reyes Echandía quedaron grabadas para la historia, su voz temblorosa pero digna pedía que no destruyeran el Palacio con todas las personas que se encontraban dentro.
La respuesta oficial, también quedó documentada en los registros fílmicos, el Estado eligió retumbar con las bombas lanzadas por los tanques de guerra silenciando la voz que sustentaba la compasión y el derecho humanitario.
Las investigaciones de la avezada fiscal identificaron algunos mandos militares como responsables de los hechos posteriores a la toma, o lo que hemos denominado la retoma, entro ellos se enlistan el General (r) Jesús Armando Arias Cabrales, comandante en esos momentos de la XIII Brigada; el Coronel (r) Alfonso Plazas Vega, jefe de la Escuela de Caballería; y el general (r) Iván Ramírez Quintero, director de inteligencia militar. Los tres fueron responsables de la operación que dejó como resultado final un palacio de justicia convertido en cenizas. Fueron juzgados por desaparición forzada y tortura; pese a ello, durante muchos años de comparendas, maniobras y acuerdos jurídicos, la justicia terminó amparándolos con decisiones contradictorias, dilaciones y hasta homenajes institucionales.
Paradójicamente los guerrilleros del M19 fueron procesados y juzgados en su totalidad conforme a la ley; algunos cumplieron condenas y otros fueron beneficiados en el año 1991 con amnistías, dentro del proceso de paz que selló la desmovilización de dicho grupo guerrillero.
Contradictoriamente, los directos responsables de las desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones extrajudiciales permanecen en la impunidad; los que levantaron las armas contra el Estado fueron castigados, los que usaron las armas del Estado para desaparecer parte del Estado y desaparecer civiles, siguen impunes.
La exfiscal denunció un sinnúmero de obstrucciones y saboteos de que fue víctima su investigación. Expedientes perdidos, pruebas adulteradas, testigos intimidados, militares de alto nivel abogando por el silencio comprometedor a favor de superiores; pero aun con este panorama, la fiscal obstinada continuó con su labor. Su persistencia por buscar la verdad le costó el cargo, pero le dio un lugar en la memoria moral de Colombia. En palabras de la fiscal Buitrago: “buscar justicia en Colombia se paga caro cuando el crimen viene del poder”.
La impunidad campea los estrados judiciales, es la cara oculta de la corrupción. No solo se roba al erario público, también se roba la verdad, compra conciencias, pierde expedientes y borra los rastros y las pruebas de los crímenes ejecutados por poderosos.
El fuego generado por las bombas del Ejército que incineró el Palacio, no fue apagado por los bomberos, sigue encendido en los expedientes ocultos, en los asensos injustos, en los discursos hipócritas y continuará ardiendo hasta que Colombia entienda que sin verdad no hay justicia y sin justicia no hay Republica.
