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A raíz de varias denuncias ciudadanas recibidas entre marzo y abril de 2025, la Contraloría Departamental abrió una Actuación Especial de Fiscalización dirigida a la Administración Municipal de Acevedo para revisar el manejo de los locales de la galería y del polideportivo interno durante la vigencia 2024.
El proceso incluyó declaraciones de funcionarios, revisión de expedientes y verificación de los ingresos reportados por el municipio, con el fin de establecer si existieron afectaciones al patrimonio público. El organismo explicó que la ciudadanía había advertido posibles irregularidades en la celebración de contratos, en los recaudos y en la utilización de espacios destinados a bienes fiscales.
La Contraloría recibió dos reportes ciudadanos en 2025 en los que se cuestionaba la continuidad de los contratos de arrendamiento, el manejo de recursos y el uso del polideportivo como parqueadero. El documento señala que los denunciantes describieron hechos sobre una supuesta afectación al patrimonio municipal y sobre el funcionamiento de un parqueadero sin soporte legal dentro de la plaza de mercado.
En el informe quedó consignado que la revisión se centró en determinar la existencia de un manejo inadecuado de ingresos y de eventuales fallas administrativas. Según el auditor, la Actuación Especial debía establecer si se presentaron irregularidades en la destinación de recursos, la formalización de contratos y el control de los bienes fiscales del municipio.
Uno de los insumos claves fue la entrevista al exsecretario de Hacienda y Tesorero, Faiver Scarpeta Osorio. Allí relató que la plaza era administrada por la Secretaría de Gobierno y que los pagos se recibían en efectivo mediante talonarios consecutivos entregados por la dependencia de Hacienda. Señaló que se usaban “un promedio de veinte talonarios por ciclo” y que los valores se consignaban en la cuenta oficial del municipio.
El informe destaca que esta versión no coincidió con lo informado por la Secretaría de Gobierno, que certificó la inexistencia de talonarios oficiales y de un expediente contractual de la persona encargada del recaudo. La Contraloría calificó esta situación como una contradicción que afecta la verificación del manejo de los ingresos de la galería municipal.
Falta de expedientes
Uno de los hallazgos más relevantes tiene que ver con la documentación aportada. La administración entregó únicamente ocho contratos de arrendamiento de una totalidad de sesenta y dos locales existentes, lo que impidió evaluar la trazabilidad contractual, los pagos realizados y el cumplimiento de las obligaciones por parte de los arrendatarios. Para el equipo auditor, esta omisión constituye una debilidad grave del control interno contractual.
El órgano de control también registró la falta de actas, informes de supervisión, facturas y extractos bancarios, documentos que habían sido solicitados para verificar la ruta de los recursos que ingresan a la plaza de mercado. La ausencia de estos elementos impidió precisar la manera en que se ejecutó el recaudo y cómo se manejaron los valores ingresados durante 2024.
Riesgo de detrimento patrimonial
Otra situación examinada fue el uso del polideportivo interno como parqueadero. El informe indica que el espacio operó desde febrero de 2024 sin autorización formal ni contrato. Scarpeta dijo en la entrevista que el parqueadero fue habilitado sin acto administrativo y que se hicieron cobros por su uso, aunque no existía un soporte legal para ese funcionamiento. Afirmó que los valores percibidos se registraron en la categoría espacio público y galería al no existir un rubro específico para esa actividad.
La Contraloría concluyó que esta práctica “representa un uso irregular de un bien público y que la falta de registro contable y de controles generó riesgo de detrimento patrimonial para el municipio”. En la revisión se señaló que no hay claridad sobre los ingresos obtenidos ni sobre su destinación, lo que vulnera los principios de transparencia y responsabilidad fiscal.
El documento señala que la omisión en la vigilancia, seguimiento y control del uso del espacio público compromete la responsabilidad del Secretario de Gobierno, dependencia encargada de administrar los locales y coordinar el manejo del espacio público. Para los auditores, la falta de medidas para asegurar la formalización de contratos, exigir soportes y garantizar la trazabilidad de los ingresos evidencia fallas en el cumplimiento de deberes funcionales.
En la conclusión técnica se advierte que las deficiencias halladas en la administración de la plaza de mercado y del parqueadero reflejan problemas en la planeación, supervisión y control del manejo de los recursos públicos. El documento agrega que la información enviada por el municipio “carece de precisión” y que no permitió una verificación completa del estado contractual y financiero de los bienes administrados durante la vigencia auditada.
