Regional
Únicamente el municipio de Palermo cuenta hoy con un convenio firmado que garantiza la prestación del servicio de bomberos en el Huila. En el resto del departamento, los cuerpos de bomberos comienzan el 2026 en medio de la incertidumbre, sin contratos vigentes y a la espera de decisiones administrativas que permitan asegurar su funcionamiento.
La situación fue expuesta por el capitán Edinson Fernández, delegado del Cuerpo de Bomberos Departamental, quien explicó que la falta de convenios sigue siendo un problema recurrente al inicio de cada año. Mientras Palermo ya formalizó los acuerdos necesarios, en los demás municipios no hay claridad sobre la continuidad del servicio, lo que compromete la operatividad de las unidades bomberiles.
Desde la Delegación Departamental se advierte que este escenario se repite de manera constante. Los procesos contractuales suelen dilatarse y, en muchos casos, las administraciones municipales no apropian oportunamente los recursos presupuestales requeridos. Como consecuencia, los cuerpos de bomberos deben operar con limitaciones o incluso suspender algunas actividades al no contar con respaldo económico.
El capitán Fernández recordó que la prestación del servicio de bomberos es un servicio público esencial y que su garantía está respaldada por la Ley 1575. Esta norma establece la responsabilidad directa de los alcaldes en asegurar el funcionamiento de las instituciones bomberiles en sus territorios, una obligación que, según señaló, no siempre se cumple.
Algunos municipios del Huila cerraron el 2025 sin convenios y comenzaron el 2026 en la misma situación. Casos como Santa María y Tesalia reflejan una práctica que se ha vuelto habitual, pese a los llamados reiterados que se hacen desde el nivel departamental para que se formalicen los contratos antes de iniciar cada vigencia.
Durante el año anterior, esta falta de acuerdos obligó a interponer acciones legales y acciones populares contra varios municipios. En uno de los casos más representativos, un juez ordenó a un alcalde suscribir el convenio en un plazo determinado, lo que permitió garantizar el servicio únicamente por mandato judicial y no por decisión administrativa.
Ante este panorama, el delegado departamental insistió en la necesidad de que entidades como la Procuraduría, la Contraloría y la Dirección Nacional de Bomberos refuercen el seguimiento al cumplimiento de la ley. También reiteró el llamado a los alcaldes para que prioricen la firma de los convenios y aseguren los recursos necesarios para la operación de los cuerpos de bomberos.
La falta de estos acuerdos, advirtió Fernández, no solo pone en riesgo la capacidad de respuesta ante emergencias, sino que expone a las comunidades y puede derivar en responsabilidades legales para las administraciones municipales. Mientras tanto, la mayoría de los cuerpos de bomberos del Huila inicia el 2026 sin garantías claras para su funcionamiento.
