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La Contraloría General de la República, a través de su delegada para el Sector Agropecuario, realizó auditoría de cumplimiento al Banco Agrario de Colombia y el Ministerio de Agricultura, sobre la entrega de subsidios familiares de Vivienda de Interés Social Rural – VISR en los años 2000 a 2019, donde determinó hallazgos fiscales por $9.666 millones.
A la luz del Decreto Ley 890 de 2017, “Por el cual se dictan disposiciones para la formulación del Plan Nacional de Construcción y Mejoramiento de Vivienda Social Rural”, existe un esquema de administración del subsidio, en virtud del cual, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural es la entidad que otorga el subsidio. Sin embargo, su operatividad está en cabeza de una entidad operadora seleccionada por el Ministerio.
Se precisa que, hasta antes de entrar en vigor el Decreto Ley 890 de 2017, el otorgamiento y la operatividad del programa de vivienda de interés social rural estaba en cabeza del Banco Agrario de Colombia.
En tal sentido, la entidad otorgante de los subsidios de vivienda de interés social rural para las vigencias 2000 a 2017 fue el Banco Agrario de Colombia, y para las vigencias 2018 y 2019 fue el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
Para cumplir con el Programa VISR, el Banco Agrario de Colombia operó estos subsidios a través de los municipios, departamentos, cajas de compensación, gerencias integrales y, finalmente, por medio de la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario – Fiduagraria S.A., con quien celebró el contrato No. CONV-GV2015-019 el día 24 de diciembre de 2015, el cual culminó su plazo de ejecución el 30 de junio de 2024 y actualmente se encuentra en proceso de liquidación.
El Ministerio de Agricultura otorgó 13.195 Subsidios Familiares de Vivienda de Interés Social Rural – SFVISR durante las vigencias 2018 y 2019. Para su materialización, la entidad implementó dos modalidades: la primera, mediante contrato con Fiduagraria S. A. para la operación y ejecución de 12.525 subsidios, y la segunda, bajo la estrategia de Autogestión para 670 subsidios. Según la información suministrada por el Ministerio, se reporta la terminación de 2.412 subsidios, quedando pendientes por ejecutar 10.461 Subsidios.
El 29 de diciembre de 2023, el Ministerio y Fiduagraria realizaron modificaciones a los contratos fiduciarios mercantiles No. 20180472 y No. 20190418, mediante las cuales se redujo el alcance, quedando a cargo de Fiduagraria la materialización de 6.445 subsidios. Dichos contratos cuentan con prórroga de ejecución hasta el 30 de diciembre de 2025.
Adicionalmente, en 2024 se generaron varios aplazamientos y una reducción presupuestal, medidas que han generado dificultades que afectan el cumplimiento del cierre del programa, razón por la cual los más de 10 mil subsidios aún no cuentan con cierre financiero.
Rezagos en la entrega de subsidios
En cuanto a la estrategia de autogestión, liderada por el Ministerio de Agricultura y orientada a la entrega del subsidio a los beneficiarios, previo cumplimiento de los requisitos establecidos, para la construcción de su vivienda, se identificó que durante la vigencia 2022 se expidieron 670 resoluciones de otorgamiento de subsidio de vivienda de interés social rural y prioritario, correspondientes a rezagos de las vigencias 2018 y 2019, emitidas en cumplimiento de sentencias de los Juzgados Especializados de Restitución de Tierras.
A julio de 2025, solo se habían materializado 158 viviendas, por lo cual se considera necesario realizar un seguimiento permanente a dicha estrategia, con el fin de garantizar la culminación de las viviendas proyectadas.
Finalmente, durante el desarrollo de la auditoría, la Contraloría General evidenció que la estrategia implementada por el Ministerio de Agricultura presenta falencias en su procedimiento de supervisión, lo que generó 14 hallazgos administrativos, de los cuales nueve (9) tienen connotación Fiscal (F) por cuantía de $9.666.802.217, seis (6) con presunta connotación Penal y doce (12) con presunta incidencia Disciplinaria, que afectan el resarcimiento de los derechos fundamentales de los beneficiarios y no resulta conforme con el derecho fundamental a una vivienda digna, los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal.
