Judicial
La adjudicación de un contrato por más de 1.100 millones de pesos destinado a alimentación y hospedaje de los uniformados de la Policía Metropolitana de Neiva fue suspendida por orden judicial. El contrato, que garantiza la operatividad de los policías durante las elecciones y las festividades de San Pedro, quedó detenido luego de que un proponente denunciara un trato desigual en el proceso de selección, deteniendo temporalmente la adjudicación.
La controversia surgió el 3 de marzo de 2026, cuando el Comité Evaluador publicó en la plataforma SECOP II un requerimiento de subsanación dirigido únicamente al consorcio UT ASOPACHUILA +26. Otros participantes, como Servicios & Suministros CS S.A.S. y Gladis Quiroga González – Suministros y Eventos Glaquigo, así como Carlos Mauricio Hoyos Pucciny, no recibieron la misma oportunidad.
El requerimiento fijaba un plazo hasta las 18:00 horas del mismo día, mientras la adjudicación estaba programada para el 4 de marzo, según la Adenda No. 003 del proceso PN MENEV SA MC 001-2026.
Ante la situación, Carlos Mauricio Hoyos Pucciny, a través de su abogado Ricardo Arturo Ramírez Londoño, presentó una acción de tutela ante el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Neiva. La jueza Mayerly Salazar Zuleta determinó que existía un riesgo probable de perjuicio irremediable, ya que la adjudicación inmediata podría consolidar una decisión contractual irreversible y dejar sin efecto cualquier fallo posterior.
Por ello, ordenó la suspensión temporal de la etapa decisoria y de adjudicación del proceso, que se mantendrá hasta que se resuelva el fondo de la tutela o la Policía acredite que se garantizó la igualdad de trato en la subsanación de las ofertas.
El juzgado estableció que la Policía Metropolitana debe notificar a los proponentes vinculados en un plazo de 48 horas, y estos tienen tres días para presentar sus argumentos de defensa y entregar el expediente administrativo completo. De no cumplir con estas disposiciones, los hechos denunciados se tendrán por ciertos, de acuerdo con el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991.
Mientras se resuelve la tutela, la adjudicación del contrato permanece suspendida. El contrato es clave para asegurar la presencia y operatividad de los policías durante eventos de alta demanda, como las elecciones y las festividades de San Pedro, que requieren logística adicional y personal disponible.
