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Más de 214.000 personas reconocidas como víctimas del conflicto armado residen actualmente en el departamento, una cifra que continúa aumentando por nuevos desplazamientos que llegan principalmente a Neiva y Pitalito desde municipios huilenses y desde otros territorios del país. Con esa realidad se desarrolló la conmemoración del 9 de abril, una jornada que reunió a víctimas, organizaciones sociales e instituciones públicas en un espacio de memoria y de exposición de situaciones que siguen afectando a esta población.
La actividad, articulada con la Unidad para las Víctimas, administraciones locales y entidades del orden departamental y nacional, convocó a más de 150 víctimas provenientes de distintos municipios. El acompañamiento de la Fuerza Pública y la participación de organizaciones sociales dieron un carácter simbólico al encuentro, en el que la palabra de las víctimas ocupó el centro.
“Es importante visibilizar el 9 de abril, no solamente en el Huila sino a nivel nacional. Es una fecha para escuchar a la población víctima y para que la sociedad entienda qué se conmemora y por qué debemos seguir aportando a la paz y la reconciliación”, expresó Edna Rocío Pinto Serrato, defensora de derechos humanos y líder social.
“Hoy invitamos a más de 150 víctimas de diferentes organizaciones y decidimos articularnos con las entidades para brindar un espacio simbólico donde podamos contar estos hechos que seguimos viviendo”, agregó.
Durante su intervención, Pinto Serrato reveló que en lo corrido del año tres familias víctimas del conflicto salieron del país tras recibir amenazas y extorsiones. Se trata de 14 personas que viajaron a España en busca de asilo político, luego de haber llegado desplazadas desde el departamento del Caquetá y asentarse en el Huila, donde desarrollaban emprendimientos y actividades agrícolas.
“Empezaron a exigirles pagos, a citarlos, a intimidarlos con sus hijos. Como no accedieron, la situación se agravó y tuvieron que salir del país con todo su núcleo familiar”, relató.
“Uno tenía emprendimiento y las otras dos personas tenían finca. Llegaron con la esperanza de trabajar y les tocó irse por las amenazas”, añadió.
También señaló que persiste el temor en muchas personas que no habían declarado su condición de víctimas años atrás. “Hay personas que hoy están llegando al Centro Regional de Atención a Víctimas a rendir su declaración por hechos ocurridos hace tiempo, porque en su momento tenían miedo”, indicó.
“Las víctimas no somos pasado, somos presente y somos futuro”, afirmó.
En el mismo escenario, William Calderón, integrante de la población víctima residente en Neiva, llamó la atención sobre la lentitud en los procesos de reparación. “Somos alrededor de 120.000 víctimas registradas, de las cuales 67.000 vivimos en Neiva. Muchas personas han muerto esperando la reparación”, dijo.
“Hay víctimas que reciben beneficios del Estado y no saben que eso hace parte de su reparación, y el Estado tampoco lo está registrando como tal. Así siguen apareciendo como no reparadas”, afirmó.
“Las víctimas no están suficientemente organizadas y eso hace que no conozcan las rutas para acceder a los mecanismos de reparación”, agregó.
La conmemoración se desarrolló de manera simultánea en varios municipios del departamento con actos simbólicos, jornadas de memoria y espacios de reflexión.
“Hoy no solo recordamos, también reconocemos y reafirmamos nuestro compromiso con quienes han sufrido el conflicto armado. Este es un territorio que no olvida”, manifestó Luzdey Artunduaga Castro, directora de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
La funcionaria destacó la implementación de proyectos productivos, el acompañamiento a más de mil familias y las estrategias dirigidas a niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto, así como la articulación con entidades nacionales para fortalecer la atención en el territorio.
“Es un trabajo que se viene haciendo con las administraciones municipales y con las entidades nacionales para llegar a más familias”, indicó.
