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Las políticas migratorias en Europa atraviesan una etapa de ajustes que impacta de manera directa a los ciudadanos colombianos que viajan, solicitan protección o buscan establecerse en ese continente. Las decisiones adoptadas por distintos gobiernos y por la Unión Europea configuran un escenario más exigente en controles, requisitos y condiciones de permanencia.
Uno de los cambios más relevantes es la inclusión de Colombia en la lista de países considerados seguros por la Unión Europea. Esta clasificación permite a las autoridades acelerar el rechazo de solicitudes de asilo bajo el argumento de que no existen riesgos generalizados de persecución en el territorio colombiano, lo que reduce las posibilidades de obtener protección internacional por esta vía.
En paralelo, el Reino Unido mantiene desde 2024 la exigencia de visa de visitante para los colombianos, una medida que volvió a imponer filtros previos al ingreso a ese país tras varios años de exención.
A nivel tecnológico, Europa avanza hacia un sistema de control migratorio más digital. El Sistema de Entradas y Salidas reemplaza el tradicional sello en el pasaporte por un registro biométrico que incluye huellas y reconocimiento facial, mientras que a partir de 2026 será obligatorio tramitar la autorización previa conocida como ETIAS para viajes de turismo o negocios dentro del espacio europeo.
En el ámbito de las deportaciones, se estudia la posibilidad de trasladar a migrantes en situación irregular a terceros países considerados seguros, incluso si no corresponden a su lugar de origen. Esta medida hace parte de una estrategia para acelerar los procesos de retorno y reducir la permanencia irregular.
Algunos países han endurecido sus requisitos internos. Portugal exige ahora mayores condiciones para la reunificación familiar, como un mínimo de dos años de residencia legal y comprobación de ingresos. Además, se analiza la eliminación del derecho automático a la nacionalidad para hijos de extranjeros nacidos en su territorio.
En contraste, España ha adoptado decisiones que flexibilizan ciertas figuras de arraigo y crean nuevas modalidades de visado laboral. También aprobó un proceso extraordinario de regularización que podría beneficiar a cientos de miles de migrantes que cumplan requisitos de permanencia y arraigo.
En otros países las medidas apuntan a restringir beneficios. Alemania eliminó la posibilidad de acceder a la ciudadanía en un plazo abreviado de tres años y mantiene el mínimo en cinco. Italia limitó el acceso a figuras de protección especial y endureció las sanciones contra el tráfico de personas. En Países Bajos se discuten normas para penalizar la permanencia irregular y reducir la duración de algunos permisos de residencia.
En Suecia el gobierno incrementó los incentivos económicos para promover el retorno voluntario de migrantes a sus países de origen, una estrategia que busca disminuir la presión sobre el sistema de acogida.
Las nuevas disposiciones también vinculan la facilidad para otorgar visados con el nivel de cooperación de los países de origen en los procesos de deportación, lo que introduce un componente diplomático en la política migratoria.
El conjunto de estas medidas muestra una tendencia hacia mayores controles, uso intensivo de herramientas digitales y condiciones más estrictas para el asilo y la permanencia prolongada, un panorama que redefine las posibilidades y requisitos para los colombianos que proyectan su viaje o residencia en Europa.
