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Tres empresas de seguridad privada con operaciones activas en el Huila quedaron incluidas en la suspensión de licencias ordenada por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada tras establecerse que varias compañías del sector estaban siendo utilizadas como fachada para actividades ilícitas. Dos de esas firmas prestaban servicios en Neiva al momento de adoptarse la medida.
La decisión forma parte de una actuación administrativa que alcanzó a 31 empresas en diferentes regiones del país luego de verificarse la infiltración de estructuras criminales en organizaciones que contaban con permisos legales para operar como prestadoras de vigilancia privada.
Según la investigación, estas licencias estaban siendo utilizadas para facilitar el movimiento de elementos prohibidos, el lavado de activos y labores de inteligencia para organizaciones delincuenciales bajo la apariencia de legalidad en la prestación del servicio.
En el listado nacional aparecen compañías como OL Security Group, 360 Grados Seguridad, Marshall Security MS, Seguridad Sara, Clock Security, Vinalseg, Pretorian Security y Blink Seguridad, entre otras.
También figuran Atenas Seguridad Privada Ltda. y Maximus Seguridad Privada Ltda., ambas con sede en Barranquilla, a las que ya se les canceló la licencia en fallo de primera instancia debido a la gravedad de los hallazgos encontrados por la autoridad de control.
El presidente Gustavo Petro se refirió a esta decisión y señaló que el objetivo es impedir que los permisos otorgados por el Estado terminen siendo utilizados para fortalecer estructuras criminales a través del esquema de seguridad privada.
La Superintendencia confirmó que el proceso de revisión continúa y que otras ocho empresas se encuentran en etapa avanzada de investigación y podrían ser objeto de sanciones similares en los próximos días mientras avanzan las actuaciones administrativas.
Las autoridades hicieron un llamado a los contratantes de servicios de vigilancia privada en Neiva y otros municipios del Huila para que verifiquen el estado legal de las empresas con las que tienen contratos vigentes y adopten las medidas necesarias ante la suspensión de estos servicios.
