Neiva
“Yo pienso que es un hecho totalmente reprochable”, afirmó la secretaria de Movilidad de Neiva, Edna Cruz, pues resulta inaudito que una agente de tránsito, cuya función es hacer cumplir las normas viales y promover el respeto por la ley en las calles, fuera sorprendida conduciendo un vehículo particular con grado uno de alcoholemia durante un operativo oficial realizado en el centro de Neiva. El procedimiento se adelantaba en la carrera 5 entre calles 13 y 14, en medio de un control conjunto entre autoridades de movilidad, Policía, Ejército y otras entidades de seguridad.
La funcionaria, identificada como Katherine Maldonado Penagos, salía de un establecimiento nocturno cuando fue requerida por los uniformados que adelantaban el control. La prueba practicada en el lugar arrojó resultado positivo en grado uno. Durante la verificación de documentos, las autoridades también confirmaron que el vehículo que conducía tenía el SOAT vencido.
En diálogo con La Última, la secretaria de Movilidad explicó que el procedimiento fue presenciado directamente por ella y por el alcalde. “Sí es cierto, completamente cierto. Yo estaba en ese puesto de control y el alcalde también, y verificamos todo”, señaló.
Aunque la agente no se encontraba prestando servicio en ese momento, la secretaria precisó que la conducta tiene implicaciones administrativas por tratarse de una servidora pública que conoce de primera mano las disposiciones del Código Nacional de Tránsito. “Los agentes de tránsito para ejercer como agentes tienen un requisito importante y es tener licencia de conducción vigente”, indicó.
“El grado uno da suspensión de la licencia de tres años. Mientras se resuelve de fondo y se confirma la sanción por la contravención, si ella objeta el comparendo y va a audiencias, la licencia se retiene provisionalmente y se carga al RUNT esa retención. Esa retención le implica que hasta que se falle de fondo, ella no puede conducir ni tener licencia”, explicó.
Esta retención provisional genera además efectos directos sobre su permanencia en las funciones propias del cargo. “No podría desarrollar las funciones propias de la gente de tránsito. Talento humano sí la puede retirar de la función como agente y ponerla reubicada administrativamente, porque para el ejercicio de ser agente de tránsito yo necesito la licencia”, afirmó.
Sobre el proceso contravencional, la secretaria detalló que la funcionaria cuenta con cinco días hábiles para decidir si paga el comparendo o solicita audiencia para objetarlo. “También puede tomar la decisión de pagarlo porque es una multa como de seis millones de pesos. Para ese grado, que es el más bajito, la multa es de seis millones y la suspensión de la licencia es de tres años”, señaló.
En relación con posibles actuaciones disciplinarias, indicó que estas dependerán del resultado del proceso. “Sí le cabe, pero toca esperar que ella resulte del proceso si es o no contraventora. Por ahora se presume que hay una presunción”, manifestó, al referirse a eventuales actuaciones ante la Procuraduría por posibles faltas al código ético y a la función pública.
Frente a su opinión sobre lo ocurrido, la secretaria fue enfática. “Yo pienso que es un hecho totalmente reprochable. Ella conoce más que cualquier ciudadano el procedimiento de ley y lo que establece la norma. No tiene la excusa de la ignorancia de la ley”, expresó.
También señaló que este tipo de procedimientos envían un mensaje a la ciudadanía. “Considero que es un buen mensaje para la ciudadanía porque aquí la ley es para todos. El hecho de que un alcalde y una secretaria estén a las dos y media de la mañana en la calle supervisando cómo se hacen los procedimientos es garantía para los ciudadanos”, dijo.
Las sanciones económicas por las infracciones podrían superar los nueve millones de pesos, teniendo en cuenta tanto la alcoholemia como la falta del seguro obligatorio. Paralelamente, la administración municipal ordenó la apertura de un proceso disciplinario interno que avanzará de manera independiente al trámite contravencional.
Como antecedente, se conoció que la misma agente había denunciado el año anterior a otros compañeros por presunto acoso laboral y sexual, un proceso que fue remitido a la Procuraduría y que continúa su curso por esa vía institucional.
