Neiva
En los primeros tres meses de 2026 se registraron 18 homicidios en Neiva, frente a 11 en el mismo periodo de 2025, un incremento del 64%. En los dos primeros meses del año se reportaron 37 extorsiones, mientras que en 2025 fueron 19, casi un 100% más. El hurto a personas pasó de 647 casos a 827, un aumento cercano al 20%, y las lesiones personales subieron de 167 a 202, más del 20%. Desde el 1 de enero de 2024 han sido asesinados 186 neivanos, de los cuales el 80% de los casos se cometieron con armas de fuego. Así lo expuso el concejal de Neiva Juan Diego Amaya.
El cabildante indicó que estos datos evidencian un deterioro frente a los resultados registrados el año anterior y reiteró que “la administración pública se evalúa en resultados y los resultados son indicadores, no relatos”. Señaló que durante 2025 algunos delitos mostraron reducción, pero en 2026, según dijo, los registros volvieron a incrementarse en la mayoría de los casos de alto impacto. También precisó que entre las 186 víctimas de homicidio desde 2024 se encuentran 15 adolescentes y cinco niños.
Amaya sostuvo que la Secretaría de Gobierno ha contado con recursos suficientes para atender la seguridad ciudadana. Precisó que este año dispone de 8.682 millones de pesos provenientes de diferentes rubros. 3.500 millones estimados por la tasa de seguridad aprobada en diciembre de 2024, alrededor de 3.400 millones provenientes del fondo de contribución por obra pública y los recursos derivados de multas por comparendos que recauda la Secretaría de Hacienda. “A diferencia de otras secretarías, la Secretaría de Gobierno ha contado con todas las herramientas necesarias para poder dar resultados”, expresó.
“El debate fue radicado el 21 de marzo y la respuesta la obtuve hasta el 18 de abril”, manifestó el concejal al referirse a los tiempos de respuesta de la dependencia. Indicó que, ante lo que calificó como una respuesta extemporánea, acudió a la Personería y a la Procuraduría para solicitar que se atendiera el requerimiento. Aclaró que sus observaciones “no son nada personal” y que obedecen al ejercicio de control político que le corresponde al Concejo.
Sobre la capacidad tecnológica para la vigilancia, señaló que Neiva cuenta con 198 cámaras de seguridad, pero actualmente funcionan menos de 50 debido a fallas eléctricas y de conectividad. Aseguró que en lo corrido del actual gobierno solo se ha suscrito un contrato de mantenimiento para estos equipos. “¿No salvan vidas las cámaras de seguridad? Claro que sí”, expresó al cuestionar el estado de la red de monitoreo y añadió que, según su información, desde la Policía se remiten oficios mensuales solicitando mantenimiento.
También hizo referencia a problemas de convivencia que, según afirmó, no han sido resueltos oportunamente en las inspecciones de paz. Indicó que existen casos que llevan cinco y hasta seis años en trámite y sostuvo que estas demoras inciden en conflictos que terminan en hechos violentos. “Se deben resolver los casos policivos por parte de los inspectores porque eso reduce muertos en temas de convivencia”, afirmó. En ese contexto mencionó la Unidad Permanente de Justicia construida en el barrio Bogotá, la cual, según dijo, no ha sido dotada ni puesta en funcionamiento desde su construcción.
El concejal recordó además la fuga de siete detenidos de la carceleta recién inaugurada. Señaló que, de acuerdo con una respuesta oficial de la Policía, en ese lugar no estaban operando las cámaras de seguridad y existían fallas estructurales en los barrotes. “Recién inaugurada y no estaba funcionando”, afirmó al referirse a ese episodio y a las condiciones del Centro de Detención Transitoria.
Amaya cuestionó igualmente el uso de recursos del fondo de seguridad en contratos de prestación de servicios y elementos logísticos como tarimas, carpas, sonido y material publicitario. Indicó que el decreto que regula este fondo permite destinar hasta el 1% de sus ingresos a este tipo de contratos y aseguró que en lo corrido del año se han suscrito varios con esos recursos. También señaló que en el plan de seguridad y convivencia ciudadana se contemplaba gestionar cerca de 19.000 millones de pesos a nivel nacional, meta que, según dijo, no se ha cumplido.
Finalmente, reiteró que su intervención busca que se prioricen acciones concretas para mejorar la seguridad en la ciudad y que los recursos se orienten exclusivamente a ese propósito. “No más relato, a los datos”, insistió al cierre de su exposición, en la que señaló que los indicadores actuales reflejan, a su juicio, un retroceso frente al año anterior.
