Por: Carlos Ernesto Álvarez Ospina
Opinión
Colombia vive atrapada en una contradicción permanente, exige unidad nacional mientras profundiza cada vez más la fragmentación política, jurídica y social del país. Y pocas discusiones reflejan mejor esa incoherencia que la posibilidad de que Aida Quilcué llegue a la Vicepresidencia de la República.
Aclaro algo desde el principio, defender la multiculturalidad no debería obligarnos a renunciar al debate crítico. Colombia es una nación diversa, pluriétnica y multicultural. Eso no está en discusión. Lo que sí debe discutirse es hasta dónde puede llegar el poder político de sectores que, al mismo tiempo, reclaman autonomía jurídica, territorial y cultural frente al Estado colombiano.
Porque ahí aparece la gran pregunta incómoda que nadie quiere formular por miedo a ser cancelado: ¿cómo se puede aspirar a representar a toda una nación cuando durante años se ha defendido la idea de una jurisdicción separada, una cosmovisión diferenciada y unas dinámicas políticas que muchas veces se presentan como ajenas al orden institucional común?
La discusión no es étnica. Es política y constitucional. Cuando un integrante de una comunidad indígena enfrenta procesos judiciales, frecuentemente se invoca la jurisdicción especial indígena bajo el argumento de la autonomía cultural y la protección de la cosmovisión ancestral. Cuando se realizan movilizaciones masivas que paralizan ciudades, bloquean vías nacionales o alteran el orden público, se exige tolerancia absoluta bajo el discurso de la resistencia histórica. Pero cuando llega el momento del poder político nacional, entonces sí se reclama representación sobre todo el país.
Y ahí es donde aparece la contradicción. Porque ser vicepresidente no significa gobernar para un sector, una etnia o una agenda particular. Significa representar a cuarenta o cincuenta millones de colombianos que piensan distinto, viven distinto y entienden el país desde perspectivas completamente opuestas.
Entonces vale la pena preguntar: ¿la prioridad de una eventual vicepresidenta sería fortalecer la institucionalidad nacional o profundizar los privilegios políticos de ciertos sectores organizados? ¿Gobernaría para todos o para las estructuras que históricamente la han impulsado políticamente?
En Colombia hemos convertido cualquier cuestionamiento al poder de algunos movimientos sociales en un pecado público. Y eso ha sido un error enorme. Porque toda estructura con poder (sea empresarial, sindical, política o indígena) debe poder ser cuestionada democráticamente.
También resulta evidente que buena parte de la izquierda colombiana ha instrumentalizado durante años las luchas indígenas como capital político y electoral. Los convierten en símbolo de resistencia cuando conviene, pero los abandonan cuando el espectáculo mediático termina. Los usan como escudo moral para blindarse de cualquier crítica y automáticamente etiquetan como “odio” cualquier debate legítimo sobre autoridad, orden público o límites constitucionales.
Pero un país serio no puede funcionar desde privilegios intocables.
La Constitución reconoce la diversidad cultural, sí. Pero también establece que Colombia es una sola República. Y esa unidad empieza a resquebrajarse cuando ciertos sectores pretenden tener simultáneamente autonomía absoluta frente al Estado y poder absoluto dentro del Estado.
La pregunta de fondo no es si una indígena puede ser vicepresidenta. Claro que puede. La verdadera pregunta es otra: ¿puede alguien que ha construido su liderazgo político desde una lógica de representación sectorial convertirse realmente en una figura nacional imparcial?
Ese es el debate que Colombia necesita tener sin miedo, sin hipocresías y sin censura moral disfrazada de superioridad política.
