Redacción La Última
La decisión envía al Tribunal para la Paz a un coronel, 11 tenientes coroneles, un teniente, tres capitanes, dos mayores, seis suboficiales y cinco soldados profesionales retirados que reconocieron su máxima responsabilidad por crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos entre 2005 y 2008 en Huila.
Tras verificar que los comparecientes aportaron verdad, reconocieron responsabilidad por los crímenes de guerra y de lesa humanidad que les fueron atribuidos y realizaron acciones restaurativas en cumplimiento de sus obligaciones ante el Sistema Integral para la Paz, el Subcaso Huila del Caso 03 remitió al Tribunal para la Paz a 29 integrantes de la fuerza pública, máximos responsables de asesinatos y desapariciones forzadas presentados falsamente como bajas en combate en este departamento, para que se les imponga una Sanción Propia.
Mediante la Resolución de Conclusiones de esta investigación, liderada por el presidente de la JEP, magistrado Alejandro Ramelli Arteaga, la Sala de Reconocimiento de Verdad concluyó la fase dialógica del procedimiento respecto de estos comparecientes y solicitó a la Sección de Reconocimiento de Verdad del Tribunal para la Paz que evalúe los aportes realizados, determine la correspondencia entre verdad, reconocimiento y responsabilidad y, de encontrar cumplidos los requisitos legales, imponga la Sanción Propia correspondiente.
La Sala remitió al Tribunal para la Paz al coronel (r) Carlos Yair Salamanca Robles y a los tenientes coroneles (r) Orlando Pico Rivera, Ricardo Andrés López García, Jair Arias Sánchez, Faiver Coronado Camero, Alejandro León Campos, Mario Hernán Duarte Méndez, Luis Carlos Aguilera Quintero, Domingo Peña Cepeda, Ómar Oswaldo Ojeda Oliva y Leonardo Ayala Remolina.
También remitió a los mayores (r) Felipe Andrés Ramírez Gómez, Francisco Adrián Álvarez Calderón, Ángel Fernando Carvajal Rojas y Julián Andrés Calderón Motta. Igualmente, a los capitanes (r) Miller Damián Forero Cruz, Jesús Mauricio Jiménez Botina y Carlos Mahecha Bernal.
Asimismo, a los sargentos viceprimeros (r) Jhon Esteban Urueta Ballesteros, Desaix de Jesús Palomino Mejía y Fernando Riveros Sarmiento; a los sargentos segundos (r) William Andrés Capera Vargas y Carlos Hernán Rodríguez Vera; al cabo primero (r) José Roldán López Cerón, y a los soldados profesionales (r) Luis Rodolfo Mulcué Sanza, Willinton Espinoza Baquero, Roberto Yesid Quintero Quintero, José Yaty Anacona Bueno y Francisco Javier Castañeda Alfaro.
Los comparecientes postulados pertenecieron al Batallón de Infantería No. 26 Cacique Pigoanza (BIPIG), al Batallón de Infantería No. 27 Magdalena (BIMAG) y a la Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas No. 11 (AFEUR 11), unidades adscritas a la Novena Brigada del Ejército Nacional.
Los crímenes cometidos en Huila que esclareció la JEP
En Huila, la JEP documentó la ejecución de un plan criminal cuya finalidad fue exhibir como resultados operacionales legítimos homicidios perpetrados en combates simulados, con el objetivo de dar una falsa sensación de seguridad a la población civil, así como alcanzar beneficios profesionales y una mayor legitimidad institucional. A diferencia de lo ocurrido en otros territorios investigados dentro del Caso 03, estos patrones no presentaron variaciones temporales sustanciales ni contaron con la participación de grupos paramilitares.
La Sala de Reconocimiento logró esclarecer conductas criminales perpetradas en la región, respecto de las cuales la Justicia Penal Militar no registró avance alguno, pese a las denuncias existentes en su momento. En total, en el subcaso Huila la JEP practicó 130 versiones voluntarias y siete testimonios, escuchó a exintegrantes de las unidades militares priorizadas y recopiló información proveniente de expedientes judiciales, archivos militares y organizaciones de víctimas. A la fecha, 434 de las 4.990 víctimas acreditadas en el Caso 03 en todo el país están relacionadas con hechos ocurridos en Huila.
Entre noviembre de 2023 y febrero de 2024, la Sala de Reconocimiento de Verdad imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 36 militares retirados de la fuerza pública, entre ellos cinco generales en retiro, por su máxima responsabilidad en 204 homicidios, incluidos 35 casos de desaparición forzada, así como ocho tentativas de homicidio ocurridos en Huila entre 2005 y 2008. Antes de la intervención de la JEP, solo existían 15 sentencias condenatorias contra autores materiales en un número reducido de casos.
Por estos crímenes, 29 de los 36 comparecientes imputados reconocieron responsabilidad por escrito y posteriormente lo hicieron de manera pública durante la Audiencia de Reconocimiento de Verdad realizada en Neiva los días 8, 9 y 10 de agosto de 2024, en la que participaron más de 120 víctimas.
La Sala estableció que los máximos responsables actuaron como coautores dentro de un plan criminal común, mediante aportes esenciales en las fases de planeación, ejecución y encubrimiento de los crímenes.
Propuestas de Sanción Propia
La Resolución de Conclusiones del Subcaso Huila incorpora tres proyectos de Sanción Propia construidos a partir de los daños identificados por las víctimas, sus demandas de reparación y los procesos restaurativos adelantados por los comparecientes durante la etapa dialógica del proceso. Dos de ellos ya se están implementando.
La primera iniciativa contempla la realización de acciones restaurativas por parte de los comparecientes en cementerios del departamento de Huila, con el propósito de contribuir a la búsqueda, identificación, entrega digna e inhumación de víctimas del conflicto armado, así como a la preservación de la memoria y la construcción de garantías de no repetición.
Estas acciones se desarrollan en articulación con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), varias alcaldías y la Gobernación de Huila, así como con organizaciones de víctimas. Incluyen labores de apoyo a las actividades de búsqueda humanitaria, adecuación y mejoramiento de cementerios, construcción de infraestructura para la inhumación digna de cuerpos y elaboración de memoriales conmemorativos concertados con las víctimas.
Como parte de este proyecto, se han realizado ocho jornadas de intervención en el Cementerio Central de Neiva, el Cementerio San Antonio de Padua de Pitalito y el Cementerio Jardines de Paz de Florencia. En estas actividades han participado 26 de los 29 comparecientes postulados al Tribunal para la Paz.
De acuerdo con la valoración realizada por la UBPD, las acciones desarrolladas por los comparecientes en las jornadas de intervención de cementerios han contribuido al avance de los procesos de recuperación de 71 cuerpos que podrían corresponder a personas desaparecidas en el marco del conflicto armado. Durante estos espacios, los comparecientes han apoyado labores de adecuación de sitios forenses, recuperación de estructuras óseas, documentación y organización de áreas de trabajo bajo la supervisión técnica de la entidad.
Entre el 10 y el 19 de junio, diez comparecientes realizan una nueva jornada de intervención en el Cementerio San Antonio de Padua de Pitalito, en apoyo a las labores de búsqueda de personas desaparecidas.
La propuesta también incorpora la denominada ‘Ruta de la Memoria’, un ejercicio de carácter restaurativo y conmemorativo que incluye encuentros entre víctimas y comparecientes, espacios de escucha, actividades de memoria y actos públicos de reconocimiento de responsabilidad orientados al restablecimiento del buen nombre de las víctimas y sus familias.
Un segundo proyecto, denominado ‘Ruta de la Memoria y la Reconciliación’, liderado por el Observatorio Surcolombiano de Derechos Humanos, Paz y Territorio, reunió a 11 comparecientes y a familiares de las víctimas en la construcción de un mural conmemorativo en el municipio de Isnos. La obra fue diseñada de manera concertada con las víctimas y busca dignificar la memoria de las personas asesinadas y desaparecidas forzadamente en el marco de los hechos investigados por la JEP.
El tercer proyecto restaurativo propone la elaboración de piezas de comunicación para el restablecimiento del buen nombre de las víctimas y sus familiares. La iniciativa contempla la producción y difusión de contenidos en radio, televisión, prensa y medios digitales, en los que los comparecientes, atendiendo a los requerimientos de las víctimas, contribuirán a la reconstrucción de las historias de vida de las personas asesinadas, la exposición de los hechos ocurridos y el reconocimiento de responsabilidad. También desvirtuarán públicamente las falsas acusaciones que fueron utilizadas para encubrir los crímenes. Esta propuesta busca contribuir a la reparación simbólica, la reconstrucción de la memoria colectiva y a la no repetición, atendiendo una de las principales demandas formuladas por las víctimas durante el proceso restaurativo.
Finalmente, la Sala recogió distintas iniciativas restaurativas individuales presentadas por algunos comparecientes y por las víctimas, entre las que se destacan proyectos pedagógicos para la no repetición, estrategias de memoria histórica, acciones comunitarias y espacios de difusión dirigidos a nuevas generaciones. La magistratura consideró que varias de estas propuestas se podrán integrar y fortalecer dentro de los proyectos restaurativos que serán evaluados por el Tribunal para la Paz al momento de definir aquellos que harán parte de la sentencia.
Ahora, el Tribunal para la Paz deberá evaluar la suficiencia de los aportes realizados, verificar la participación de las víctimas y definir las Sanciones Propias que deberán cumplir los comparecientes. Estas sanciones deberán combinar restricciones efectivas de derechos y libertades con la ejecución de proyectos restaurativos dirigidos a reparar a las víctimas, dignificar su memoria, contribuir al esclarecimiento de la verdad y garantizar la no repetición de los hechos.
En los proyectos que ya están en curso ha sido fundamental la coordinación interinstitucional con la UBPD, la Gobernación de Huila, las alcaldías de Neiva, Pitalito e Isnos, las parroquias La Inmaculada Concepción de Neiva y San Antonio de Padua de Pitalito, y la Institución Educativa José Eustasio Rivera, en Isnos.
*¿Qué pasará con los siete comparecientes que no reconocieron responsabilidad?*
Por no reconocer los crímenes de guerra y de lesa humanidad imputados por la JEP, seis de los 36 comparecientes imputados fueron remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA). Se trata del brigadier general (r) William Fernando Pérez Laiseca, el general (r) Jaime Alfonso Lasprilla Villamizar, los mayores generales (r) Miguel Ernesto Pérez Guarnizo y Marcos Evangelista Pinto Lizarazo, y el teniente coronel (r) Fernando Moncayo Guancha.
Adicionalmente, está en curso un incidente de incumplimiento del régimen de condicionalidad contra el mayor (r) Félix Juan Carlos Araque Leal, quien inicialmente había reconocido responsabilidad por escrito, pero posteriormente dejó de participar en las actividades restaurativas y en la Audiencia de Reconocimiento de Verdad.
De ser acusados por la UIA, estos comparecientes enfrentarían un juicio ante el Tribunal para la Paz en el que podrían ser declarados inocentes o sancionados con penas de hasta 20 años de prisión.
