Política
Las personas que sean víctimas de suplantación de identidad o fraude digital ya no tendrán que asumir la carga de demostrar que no realizaron las operaciones que se les atribuyen. Con la entrada en vigencia de una nueva ley, esa responsabilidad recaerá en las entidades financieras y empresas de telefonía involucradas en cada caso.
La normativa fue sancionada por el presidente de Colombia tras su aprobación en el Congreso de la República. La iniciativa, presentada por el congresista Duvalier Sánchez, modifica el procedimiento que se aplica cuando un ciudadano reporta haber sido afectado por una estafa o por el uso indebido de su identidad.
La nueva regulación establece que, una vez se presente la denuncia, los bancos y operadores de telefonía deberán demostrar que sus mecanismos de autenticación y verificación funcionaron correctamente al momento de autorizar una transacción o la apertura de un producto.
La ley también dispone que las entidades no podrán continuar con el cobro de obligaciones que estén siendo investigadas por presunto fraude. Asimismo, los usuarios no podrán permanecer reportados de manera negativa en las centrales de riesgo mientras se resuelve el caso.
Otro de los cambios incluidos en la norma es la incorporación de modalidades de fraude asociadas al uso de inteligencia artificial y tecnologías de clonación de voz, mecanismos que han comenzado a ser utilizados para cometer delitos de suplantación y engaño.
Además, el nuevo marco legal establece que las pérdidas económicas derivadas de fallas en los sistemas de seguridad serán asumidas por las entidades responsables, lo que implica la adopción de mayores medidas de protección en las operaciones financieras y en los procesos de vinculación de clientes.
La ley comenzará a regir de acuerdo con los términos establecidos en su promulgación y aplicará a los procedimientos relacionados con fraude digital y suplantación de identidad contemplados en la nueva regulación.
