Medio Ambiente
Han pasado 21 años desde que comenzó a plantearse para Neiva la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales y el proyecto todavía no logra entrar en una etapa que permita anticipar su construcción. Ahora, el proceso vuelve a estar condicionado por la falta de recursos para financiar los estudios y diseños que se requieren antes de avanzar.
Andrés Charry, gerente de Las Ceibas, Empresas Públicas de Neiva, explicó que el proyecto tuvo que retomarse desde cero luego de que los trámites adelantados en años anteriores fueran archivados. El estudio de impacto ambiental fue devuelto por la ANLA el 9 de junio de 2022 y, posteriormente, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio archivó el proyecto el 23 de mayo de 2023, después de que no se subsanaran las observaciones dentro de los términos establecidos.
“El proyecto fue devuelto y archivado. Entonces, arrancamos desde cero. Eso se dijo en 2024”, explicó Charry, al referirse al punto de partida que encontró la actual administración de Las Ceibas.
Desde entonces, la empresa contrató una prefactibilidad cuyos resultados fueron conocidos en 2025. Allí se definió el lugar de ubicación, la tecnología que podría utilizarse y una hoja de ruta para continuar con la estructuración. El siguiente paso requiere estudios de factibilidad, diseños, ingeniería de detalle e impacto ambiental, cuyo costo estimado asciende a 6.500 millones de pesos, incluido el IVA y la interventoría.
Para Las Ceibas, asumir sola ese valor representa una dificultad. El presupuesto de inversión de la empresa ronda los 17.000 millones de pesos, por lo que destinar 6.500 millones únicamente a estudios y diseños representaría cerca del 40 % de esos recursos. “6.500 millones de pesos para una empresa como Las Ceibas, Empresas Públicas de Neiva, para pagar un estudio y diseño, es una cifra extremadamente alta”, señaló el gerente.
El Tribunal Administrativo del Huila ha requerido a las cinco entidades involucradas en el cumplimiento del fallo de la acción popular para que aporten los recursos necesarios. El Municipio de Neiva manifestó su intención de aportar 1.800 millones de pesos y Las Ceibas apropió una suma igual, mientras que la CAM, Cormagdalena y la Gobernación del Huila no cuentan, según Charry, con recursos apropiados para financiar los estudios.
La Gobernación mantiene su posición de no realizar ese aporte, al considerar que ya ha destinado recursos anteriormente al proyecto. La falta de ese dinero impide completar el cierre financiero y, por ahora, frena la posibilidad de firmar el convenio interadministrativo. A esto se suma una acción de tutela presentada por la Gobernación contra la orden impartida por el Tribunal, por una presunta vulneración del debido proceso.
“Al no tener ese aporte, no podríamos lograr el cierre financiero. Es decir, que el convenio no se podría firmar, porque si faltan recursos para poder cerrar financieramente el proyecto, no se podría avanzar”, explicó Charry.
Las Ceibas también estudia alternativas para reducir el costo de los estudios. Una de ellas es trabajar con universidades, entre ellas EAFIT, que ha presentado una propuesta. Según el gerente, recurrir a una universidad pública podría disminuir el impacto del IVA, que dentro del costo de los estudios estaría entre 900 y 980 millones de pesos. La opción, sin embargo, también debe ser evaluada de acuerdo con la capacidad técnica y experiencia que tenga la institución ante entidades como el Ministerio de Vivienda y la ANLA.
El tiempo es otro de los factores que preocupa a la gerencia. La realización de los estudios requeriría como mínimo 12 meses y, después de esa etapa, todavía estaría pendiente la construcción. La prefactibilidad realizada con precios de referencia de 2025 calculó el costo de la obra en 60 millones de dólares, aunque Charry advirtió que el valor podría modificarse con los estudios de factibilidad y la ingeniería de detalle.
“Lograr el cierre financiero ha sido bastante dispendioso, bastante difícil. Es un proyecto que, para poderlo estructurar de una manera seria, se debe hacer un seguimiento muy meticuloso y muy riguroso”, manifestó el gerente.
Mientras la discusión continúa, Neiva mantiene sus vertimientos de aguas residuales al río Magdalena. Las Ceibas calcula un promedio de 1.500 litros por segundo a través de 16 puntos, dos de los cuales concentran cerca del 90 % de las aguas vertidas y se encuentran en el sector de Camilo Torres, conocido como el lote destinado para la PTAR. El futuro del proyecto dependerá ahora de que las entidades involucradas logren destrabar el cierre financiero y de las decisiones que adopten las autoridades judiciales.
