Por: Danilo Andrés Arboleda
Colombia tiene un problema con las armas que va mucho más allá del debate simplista entre quienes quieren prohibirlas y quienes defienden el derecho a poseerlas. El verdadero problema está en otra parte: el país ha permitido que alrededor de las armas se construya una poderosa economía ilegal, mientras el ciudadano que pretende cumplir la ley termina atrapado en una maraña de trámites, permisos, restricciones e intermediarios.
Hay que empezar por una precisión. No existe una cifra oficial definitiva que permita determinar qué porcentaje de los homicidios cometidos con armas de fuego corresponde a armas legales y cuál a armas ilegales. Los registros criminales pueden establecer el mecanismo utilizado para causar la muerte, pero no necesariamente determinar, en todos los casos, si el arma fue adquirida legalmente, ingresó por contrabando, fue modificada, fabricada artesanalmente o llegó a manos del delincuente a través de organizaciones criminales.
Pero esa limitación estadística no puede convertirse en una excusa para ignorar una realidad evidente: el mercado ilegal de armas existe, es rentable y alimenta buena parte de las capacidades violentas del crimen organizado.
Y el fenómeno ha alcanzado niveles aún más preocupantes.
Ya no hablamos solo de comprar o vender un arma clandestinamente. En algunas economías criminales, las armas también se alquilan. El delincuente no necesariamente debe ser propietario de una pistola o un revólver: puede pagar por disponer de ella durante el tiempo necesario para cometer un homicidio, un atraco, una extorsión o cualquier otro delito.
Es decir, el crimen convirtió el arma en un servicio.
El precio, como ocurre en cualquier mercado, depende de variables como la disponibilidad, el tipo de arma, el calibre, la efectividad y el tiempo de uso. Una economía criminal que opera según las reglas de la oferta y la demanda, mientras el Estado intenta perseguirla con herramientas a menudo lentas y fragmentadas.
Aquí surge una pregunta incómoda: ¿por qué el Estado puede tardar tanto en verificar a un ciudadano que solicita un permiso, mientras que una estructura criminal puede conseguir un arma ilegal a una velocidad sorprendente?
Pero hay otra economía que merece ser examinada: la que históricamente se construyó en torno a los trámites legales.
Cuando el sistema es complejo, aparecen los intermediarios. Cuando conseguir una cita parece una hazaña, aparece quien “conoce a alguien”. Cuando un permiso especial requiere orientación, se muestran los contactos correspondientes. Y cuando el ciudadano siente que necesita un gestor para atravesar la burocracia estatal, el trámite deja de ser simplemente administrativo y se convierte en una oportunidad de negocio.
La burocracia también puede generar mercados.
Por eso el nuevo decreto sobre el porte legal de armas tiene una lectura que va más allá de la discusión ideológica.
No estamos hablando de una autorización para portar armas libremente. No se trata de eliminar los requisitos legales ni de convertir a Colombia en un país de porte irrestricto. Tampoco significa que cualquier ciudadano pueda sacar un arma y portarla sin controles.
La discusión sería otra.
El nuevo esquema busca que los permisos individuales vigentes recuperen su eficacia conforme a las condiciones establecidas por la legislación y elimina la necesidad de determinadas autorizaciones adicionales que se habían convertido en parte del entramado burocrático.
Y eso tiene una consecuencia política evidente: reduce el espacio para los tramitadores.
Cuando el Estado simplifica procedimientos, digitaliza la información y permite verificar directamente la situación jurídica de un permiso, el intermediario que hacía negocio de la complejidad administrativa pierde poder.
Y eso debería alegrarnos.
Porque un Estado moderno no puede funcionar según la lógica de “consiga un contacto”. El ciudadano no debería necesitar un intermediario para acceder a un procedimiento al que tiene derecho siempre que cumpla las condiciones establecidas por la ley.
La verdadera transparencia no consiste solamente en perseguir al funcionario corrupto. También consiste en diseñar procedimientos que hagan innecesario al intermediario.
Por eso, será fundamental que INDUMIL actualice sus sistemas de información, registros y mecanismos de verificación relacionados con la expedición y el control de permisos.
La tecnología debe reemplazar al contacto; la trazabilidad debe reemplazar al favor; la ley debe reemplazar al intermediario.
Pero cuidado: simplificar el trámite no puede significar relajar el control.
Todo lo contrario.
Si el Estado permite que un procedimiento sea más directo, debe, simultáneamente, fortalecer la capacidad para verificar los antecedentes, la vigencia de los permisos, las restricciones, las características del arma y demás condiciones previstas en la legislación.
Porque una cosa es facilitarle la vida al ciudadano que cumple la ley y otra, completamente distinta, es abrirle la puerta al delincuente.
El Estado tiene que ser mucho más duro con el segundo y más eficiente con el primero.
Y aquí está la gran paradoja colombiana: mientras discutimos apasionadamente sobre si el ciudadano debe o no tener un arma legal, el mercado criminal no está esperando nuestro debate académico.
El delincuente no solicita una cita.
No presenta una carpeta.
No espera una autorización.
No consulta si el arma tiene permiso.
Simplemente la consigue.
Y mientras tanto, el ciudadano que quiere permanecer dentro de la legalidad puede terminar preguntándose a quién debe acudir, cuánto debe esperar y cuánto le costará resolver un trámite que debería ser transparente.
Eso es precisamente lo que debe cambiar.
La seguridad democrática no se construye debilitando los controles sobre las armas. Se construye haciendo que los controles sean inteligentes, rápidos, verificables y eficaces.
Colombia necesita combatir simultáneamente dos mercados: el mercado negro de armas y el mercado gris de intermediarios que prosperan a la sombra de la burocracia.
Porque ambos debilitan al Estado.
Uno porque arma al criminal.
El otro porque hace que el ciudadano desconfíe de las instituciones.
Y hay una conclusión política que no debería incomodar a nadie: un Estado fuerte no es el que acumula trámites; es el que controla eficazmente.
Si una persona cumple los requisitos establecidos por la ley, el Estado debe responder con eficiencia.
Si un delincuente utiliza un arma ilegal, el Estado debe perseguirlo con toda su capacidad.
Y si alguien convirtió la burocracia en un negocio privado basado en citas, contactos y favores, también debe entender que esa puerta tiene que cerrarse.
Porque el verdadero debate no es si Colombia debe tener más o menos armas.
El verdadero debate es mucho más profundo:
¿Quién controla las armas en Colombia?: ¿el Estado o el mercado criminal?
Y hay una segunda pregunta todavía más incómoda:
¿Cuánto tiempo más vamos a permitir que unos forjen negocios con las armas ilegales mientras otros crean mercados con la burocracia que regula las legales?
La respuesta debería ser contundente: ninguno de los dos mercados puede estar por encima del Estado.
Al criminal hay que quitarle el arma. Al intermediario, el negocio. Y al ciudadano que cumple la ley, devolverle la confianza en las instituciones.
