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Oposición crea “Promotores de la Legalidad” para defender la constitución

Política

En las instalaciones del Congreso de la República, se hizo la presentación del movimiento ‘Promotores de la Legalidad’, integrado por congresistas, ciudadanos, líderes políticos, exministros y profesionales, que buscan conformar un equipo jurídico para demandar todos los decretos, resoluciones o leyes emitidas desde el Gobierno Nacional que vayan en contra del bienestar de todos los colombianos y que atenten contra la constitución.

El Representante a la Cámara por el departamento del Huila, Julio César Triana, quien hace parte de este colectivo, informó que en las próximas semanas estará visitando los diferentes municipios y corregimientos del departamento recogiendo firmas de ciudadanos que quieran sumarse a esta iniciativa:

Representante por el Huila Julio César Triana

“Hoy, ya son 1.500 personas las que se han unido, pero queremos extender esta la invitación para que toda la ciudadanía que respalde la institucionalidad, que esté en desacuerdo con la forma de gobernar del Presidente Petro y sobre todo con sus constantes violaciones a la Constitución política se una a este movimiento’, afirmó el Congresista.

‘La institucionalidad está en riesgo y junto con la firma de miles de colombianos vamos a protegerla’: para Triana Quintero, el país está padeciendo las consecuencias de un Gobierno que se extralimita en sus funciones, que no respeta la división de poderes y que desconoce la Carta Política.

Es importante mencionar que ‘Promotores por la legalidad’ ya adelantó su primera demanda al presentar una acción popular en contra del artículo 44 del decreto 1649 de 2023, que reglamenta el ‘Programa Jóvenes en Paz’. Dentro de los argumentos para demandar este decreto se encuentra la vulneración a la Moralidad Administrativa y el Patrimonio Público, al permitir que los recursos públicos se destinen a jóvenes vinculados a bandas criminales, lo que contradice principios constitucionales como la promoción de un orden social justo, además entregar dinero a los jóvenes no garantiza la reinserción al tejido social.

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