Redacción La Última
La JEP reveló los nombres de alrededor de 2 mil víctimas de ‘falsos positivos’. Se trata de las víctimas cuyo asesinato o desaparición forzada ha sido esclarecido en profundidad en el Caso 03: Subcasos Costa Caribe, Antioquia, Norte de Santander, Huila y Casanare.
Este jueves 28 de noviembre, en las instalaciones de la JEP se dio a conocer los nombres de alrededor de 2 mil víctimas de ‘falsos positivos’, cuyos hechos han sido determinados por la Sala de Reconocimiento en los seis autos de imputación y en los subcasos cuya fase de investigación está contrastada judicialmente. Estos hechos ocurrieron en seis departamentos de la Costa Caribe, Antioquia, Norte de Santander, Huila, Casanare y en el caso conjunto del Cementerio Las Mercedes de Dabeiba.
Para el caso del Huila, la JEP ha comprobado que este tipo de ejecuciones extrajudiciales ocurrieron en Pitalito, Neiva y Garzón, comprobado esto luego de un arduo trabajo de audiencias públicas y exhumaciones.
Pero se casó son solo 2 mil nombres, la JEP aseguró que hará pública la identidad del total de las otras víctimas del Universo Provisional de Hechos (UPH), una vez culminadas las labores de contrastación y termine la fase nacional del Caso 03, por respeto y dignidad a sus familias, por protección de la investigación judicial y tomando en consideración las condiciones de seguridad.
Los nombres se leyeron durante el acto protocolario.
Exposición ‘Mujeres con las botas bien puestas’
En esta acción simbólica, en la que el arte es una herramienta fundamental en el proceso de restauración y sanación, la organización Madres de los Falsos Positivos (MAFAPO) intervendrán artísticamente 200 botas y las expondrán en las instalaciones de la JEP hasta febrero de 2025. Los visitantes a la instalación ‘Mujeres con las botas bien puestas’ podrán traer botas hasta llegar a la cifra de 6.402, correspondientes al universo de víctimas documentadas por la JEP que fueron presentadas como falsas bajas en combate por el Ejército Nacional.
Las Madres de los Falsos Positivos adelantan esta intervención en memoria de sus familiares asesinados. Se ha documentado por la JEP que los responsables les ponían a sus víctimas botas pantaneras, como las que usaba la guerrilla, para simular que eran bajas legítimas. Las madres le han dado un nuevo significado a la bota como símbolo de una lucha en la que también las han acompañado otros sectores de la sociedad.
“Los ‘falsos positivos’ sí ocurrieron“
Según la JEP los nombres de estas casi dos mil víctimas confirman e ilustran el universo provisional de hechos documentados en el Caso 03, sobre ‘falsos positivos’. Las 6.402 víctimas fueron asesinadas o desaparecidas (incluso en los cementerios municipales de Dabeiba, Carepa, El Copey, San Juan del Cesar, Ituango, entre otros) a manos de integrantes del Ejército Nacional, en numerosos casos con la cooperación de paramilitares, para ser presentadas como falsas bajas en combate y así satisfacer la presión por resultados operacionales, engrosando criminalmente las estadísticas oficiales de las muertes en combate.
A lo largo de la investigación a profundidad que la JEP ha desarrollado en los seis territorios críticos priorizados en el Caso 03, se han podido esclarecer, de manera rigurosa y detallada, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos.
Estas casi 2 mil víctimas ilustran un fenómeno de carácter nacional. En seis decisiones judiciales expedidas durante los últimos tres años, los Autos 125 de 2021; 128 de 2021; 055 Subsala D de 2022; 01 Subsala D y F de 2022; 62 Subsala D de 2023 y 081 Subsala D de 2023, la JEP ha confirmado que estos asesinatos y desapariciones forzadas se inscriben en un patrón de acción criminal por parte de los integrantes de distintas unidades del Ejército Nacional, perpetrados con características similares.
Como está probado, estos crímenes no ocurrieron al azar, de manera aislada ni casual. Por el contrario, se repitieron siguiendo un mismo patrón de conducta en diferentes unidades militares y en territorios muy distantes entre sí. La JEP ha comprobado que este tipo de ejecuciones extrajudiciales ocurrieron de la misma manera en Valledupar y Atánquez, territorio ancestral de la Sierra Nevada de Santa Marta. También en Pitalito y Garzón, en el departamento del Huila; en el Carmen y Ocaña, en el Norte de Santander; Yopal, Aguazul y Tauramena, en el Casanare; y el Valle de Aburrá -incluido Medellín-, Granada y Dabeiba en Antioquia, entre muchos otros territorios de Colombia.
Los nombres conocidos hoy son de personas asesinadas en seis departamentos de la Costa Caribe, Antioquia, Norte de Santander, Huila y Casanare, territorios que, por concentrar la mayor cantidad de víctimas, fueron priorizados en la investigación del Caso 03. Sin embargo, otros Magistrados de la JEP están encontrando el mismo patrón criminal en sus investigaciones en el Guaviare en el marco del Caso 08, en el que se investigan crímenes cometidos por la Fuerza Pública, agentes del Estado en asociación con grupos paramilitares o terceros civiles. También se ha encontrado el mismo patrón en el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca en el marco del caso 05, y en el Tolima a propósito de la resolución de situación jurídica de los no máximos responsables a cargo de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas. Por los informes de las víctimas y las investigaciones de la Fiscalía también se sabe que los departamentos del Caquetá, Arauca, Boyacá, Cauca, Santander, Guainía y Putumayo concentran números importantes de víctimas de ‘falsos positivos’.
Por todo esto, la JEP afirma que los nombres de las víctimas a los que rinde homenaje hoy confirman e ilustran el universo provisional de hechos de las 6.402. La JEP está haciendo justicia por todas estas víctimas.
Se han practicado exhumaciones y analizado informes de necropsias. La JEP ha leído sistemáticamente cientos de páginas con las notas oficiales de los programas de comunicación radial que sostenían los comandantes con sus hombres. La JEP ha escuchado a las víctimas, incluyendo a los Pueblos Indígenas Wiwa y Kankuamo, originarios de la Sierra Nevada de Santa Marta, en nueve grandes audiencias públicas de observaciones en Bogotá, Barranquilla, Valledupar, San Juan del Cesar, Sincelejo, Yopal, Neiva, Ocaña, Medellín, Dabeiba y Granada. Esto además de las decenas de documentos con observaciones que han aportado sus representantes judiciales y la Procuraduría General de la Nación.
