Redacción La Última
Organizaciones sociales, voceros políticos, ambientales y comunidad en general manifestaron su preocupación ante la amenaza que representaría la posible exploración y explotación petrolera en la cuenca hidrográfica del río Las Ceibas y en varios municipios del norte del Huila.
Este ecosistema es fundamental para el abastecimiento de agua potable de la ciudad de Neiva y algunas comunidades del norte del departamento del Huila. La intervención petrolera en esta zona pondría en grave riesgo el equilibrio ambiental, la biodiversidad, la seguridad hídrica, la seguridad alimentaria de la comunidad huilense.
En el marco de la ley 2273 del 2022 que ratifica el acuerdo de Escazú ratificado por la Corte Constitucional, los participantes de la reunión convocada por la representante Leyla Rincón, exigieron que cualquier decisión de actividades extractivas en la región sea consultada con las comunidades. La protección del río Las Ceibas y el río Fortalecillas, no solo es una responsabilidad local, sino un deber del Estado para garantizar la sostenibilidad de los recursos naturales y el derecho fundamental al agua.
Frente a lo que considerarin una grave amenaza, anunciaron la consolidación de una Veeduría Ciudadana y un equipo técnico especializado que tendrá como propósito el seguimiento y la vigilancia estricta de cualquier acción que pueda comprometer la integridad ambiental de estas cuencas hídricas.
Exigen además, a las autoridades competentes tener en cuenta el acuerdo 034 de 2017 “se dictan medidas para la defensa del patrimonio ecológico y cultural de la cuenca hidrográfica del río las ceibas del municipio de Neiva” aprobado por el Concejo de Neiva, tanto a nivel nacional como territorial, que se abstengan de realizar actividades extractivas en esta área de vital importancia para la región.
Asimismo, alertaron que la amenaza no solo recae sobre Neiva, sino también sobre los municipios Tello, Baraya, Aipe, Villavieja y Palermo, territorios que dependen de ecosistemas estratégicos y que podrían verse gravemente afectados por la intervención petrolera. Instamos a la ciudadanía, organizaciones ambientales, academia y demás sectores a unirse en defensa de nuestro recurso hídrico y natural.
Finalmente, hicieron un llamado a la Gobernación del Huila, Alcaldías Municipales, la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM) y demás entidades responsables, a pronunciarse y tomar medidas concretas para la protección de nuestros ríos.
“No permitiremos que intereses particulares vulneren nuestro derecho al agua.
Invocamos el mandato del señor presidente, el poder popular es el gobierno del pueblo en el territorio, es el poder de la sociedad que vive en el territorio impone su decisión, es la democracia en movimiento”, dijeron en un comunicado.
