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En los últimos meses, el departamento de Huila ha comenzado a recibir y reportar oficialmente denuncias relacionadas con el reclutamiento forzado de menores, un fenómeno que se ha convertido en una de las principales preocupaciones de las autoridades. Según Juan Carlos Casallas, secretario de Gobierno del Huila, “esta es una de las mayores preocupaciones del gobierno departamental. Se ha estado trabajando activamente para frenar este flagelo y proteger a los niños y jóvenes del territorio, aunque reconoce que aún quedan muchos desafíos por superar”.
El año pasado, la Fiscalía General de la Nación reportó 34 casos de reclutamiento forzado en el departamento, una cifra alarmante que refleja el alcance del problema. Además, Casallas mencionó que las comunidades indígenas del departamento han denunciado el reclutamiento de al menos 30 menores de edad, en su mayoría pertenecientes a pueblos originarios, por parte de disidencias de grupos armados ilegales. “Las comunidades indígenas nos han informado sobre la situación que enfrentan, alertando sobre la grave amenaza que representa este tipo de reclutamiento para sus jóvenes”, señaló el secretario de Gobierno.
En lo que va corrido de 2025, las autoridades locales han conocido de al menos dos casos adicionales en el municipio de La Plata, en donde se activaron los equipos de acción inmediata para atender la situación. Casallas destacó que se ha estado trabajando de cerca con organismos internacionales como la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Cruz Roja, así como con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el Comité Internacional de la Cruz Roja, para desarrollar estrategias y herramientas más eficaces para enfrentar este problema.
El gobierno departamental ha adoptado diversas medidas para atender la situación. Se ha establecido un equipo de acción inmediata departamental con el objetivo de fortalecer las rutas de protección y atención a las víctimas de reclutamiento forzado. En este sentido, Casallas afirmó que se ha solicitado al gobierno nacional la adopción de medidas más contundentes para prevenir este tipo de delitos y garantizar la seguridad de los menores. “Hemos enviado un mensaje a la Defensora Nacional del Pueblo para fortalecer la ruta de protección implementada por el ICBF para los menores que han sido recuperados en operaciones realizadas por el Ejército y la Policía Nacional”, dijo.
A pesar de los esfuerzos por frenar este delito, el secretario de Gobierno reconoció que la situación sigue siendo preocupante, especialmente en las zonas más afectadas del occidente del departamento. Estos municipios son los más vulnerables debido a la fuerte presencia de grupos armados ilegales, lo que ha generado un alto nivel de inseguridad en la región. No obstante, Casallas destacó que el miedo y el temor a las represalias por parte de los grupos armados impiden que muchas familias denuncien los casos de manera oportuna. “El temor infundido por estos grupos armados genera un ambiente de silencio y desconfianza, lo que impide que las denuncias lleguen a tiempo y hace que las estadísticas de reclutamiento forzado no reflejen la realidad del problema”, explicó.
Este panorama dificulta la recolección precisa de datos sobre el reclutamiento forzado en la región, lo que puede llevar a que muchos casos queden sin ser atendidos por las autoridades competentes. Además, las víctimas de reclutamiento, en su mayoría niños y jóvenes, enfrentan un grave riesgo de violencia y abuso, tanto para ellos como para sus familias. “La situación es crítica, pero seguimos comprometidos con la protección de nuestros jóvenes y con el fortalecimiento de las acciones preventivas”, aseguró Casallas.
El gobierno departamental, en colaboración con otros entes gubernamentales y organizaciones internacionales, sigue trabajando para garantizar que las víctimas de reclutamiento forzado reciban la atención y protección necesarias. A través de la activación de rutas de protección, así como la capacitación de las autoridades locales, se espera que se logren avances significativos en la lucha contra este delito. Sin embargo, las autoridades han reiterado que la colaboración de la ciudadanía es esencial para frenar esta problemática, por lo que han hecho un llamado a la población para que denuncien cualquier caso de reclutamiento forzado y colaboren con las autoridades en la construcción de un Huila más seguro para todos.
