Por: Carlos Ernesto Álvarez Ospina Abogado universidad El Rosario, con especialización en Derecho Público
Opinión
La seguridad en el sur de Colombia atraviesa uno de sus momentos más críticos en años recientes. La estrategia de Paz Total del actual gobierno ha demostrado ser fallida, ya que en lugar de disminuir la violencia, ha permitido la expansión de las disidencias de las FARC y otros grupos armados ilegales en los departamentos del sur del país.
Un claro ejemplo de esta preocupante realidad es el atentado con artefacto explosivo contra las instalaciones de INCIHUILA en Neiva, perpetrado por el frente ‘Arturo Ruiz’, bajo el mando de alias ‘Erika’. Este hecho no solo representa un ataque directo contra la seguridad y la estabilidad del Huila, sino que también es una señal alarmante de la llegada de nuevos frentes de las disidencias a la región. Lo más grave es que este bloque de las disidencias, liderado por Alexander Díaz Mendoza, alias ‘Calarcá Córdoba’, hace parte de la mesa de negociaciones de paz con el gobierno del presidente Gustavo Petro. A pesar de los atentados y la constante violación del cese al fuego, el gobierno sigue apostando a su política de Paz Total, permitiendo que estos grupos ilegales continúen fortaleciéndose.
Cabe recordar que alias ‘Erika’ ya había sido capturada en julio de 2024, junto a alias ‘Firu’, cuando se transportaba en camionetas blindadas de la Unidad Nacional de Protección (UNP) asignadas a integrantes de estos grupos armados en diálogo con el gobierno. Aun así, parece que hoy en día estos individuos siguen delinquiendo con recursos estatales, utilizando vehículos de la UNP, salarios de escoltas oficiales, tierras entregadas por la Unidad Nacional de Tierras y, posiblemente, participando en estrategias políticas a favor del gobierno.
Mientras tanto, los verdaderos afectados son los empresarios, cafeteros, ganaderos y ciudadanos en general, quienes están siendo asfixiados económicamente por las extorsiones y el miedo generado por estos bandidos. En lugar de brindar seguridad y justicia, el gobierno parece estar permitiendo, e incluso financiando, su crecimiento.
Los colombianos deben preguntarse: ¿queremos continuar otros cuatro años bajo esta política de impunidad y fortalecimiento del crimen organizado? ¿Estamos dispuestos a permitir que el llamado “cambio” nos lleve a un futuro de incertidumbre y caos? La seguridad no puede ser un tema secundario en el debate nacional, pues de ella depende el bienestar y desarrollo del país.
