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Exalcalde de Neiva en los ojos de la Fiscalía por irregularidades en obra del colegio Cacique Pigoanza

Redacción La Última

El proyecto de construcción del colegio Cacique Pigoanza y todos retrasos que el mismo ha tenido ya están en la mira de la Fiscalía. El ente acusador ya está adelantando indagaciones contra el exalcalde de Neiva, Gorky Muñoz; la exsecretaria privada, Camila Mercedes Ortega; y el gerente del Fondo Mixto de Sierra Nevada, Andrés Felipe Cleves por las presuntas irregularidades. 

La Fiscalía investiga un interés indebido en la celebración de contratos en el marco de este proyecto. Un informe de la Silla Vacía devela que los hechos se relacionan con un contrato por 11 mil millones de pesos que la administración de Muñoz entregó en 2023 para la construcción del colegio Cacique Pigoanza, en el sur de la ciudad de Neiva. 

Al parecer, el exalcalde Muñoz Calderón dispuso se los 11 mil millones de pesos de recursos de regalías. La entonces secretaria privada, Camila Ortega, viabilizó el proyecto como presidenta del comité de regalías el 10 de mayo de 2023 y decidió dejar la ejecución de ese contrato al Fondo Mixto de Sierra Nevada, que está en Valledupar, Cesar. 

Dicho Fondo Mixto adjudicó el contrato el 9 de junio, entregándole la obra al Consorcio Cacique Pigoanza y la interventoría a Conbases. El consorcio por su parte tenía 8 meses de plazo para entregar la obra, es decir, debía terminar más o menos en febrero del año pasado. Sin embargo han pasado casi dos años desde la adjudicación y la obra ano está terminada y podría no queda funcional.

La Personería de Neiva, vania advirtiendo que la obra estaba incompleta, que los diseños están mal y que el colegio no podría utilizarse, debido a eso interpuso una acción popular para exigir la terminación de la obra por parte del Fondo Mixto y el contratista. 

Pero eso no es todo, el Fondo Mixto anunció que para terminar la obra se requieren por lo menos otros 7 mil millones de pesos más.

Adicional a eso, el consorcio tiene deuda por más de 300 millones de pesos con empresas locales, 80 millones con una empresa de seguridad y 250 millones con otra empresa que le alquiló equipos de construcción. Los afectados interpusieron acción legales.

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