Por: Carlos Ernesto Álvarez Ospina
Opinión
Líneas que una sociedad no puede permitir que se crucen. Una de ellas, acaso la más sagrada, es la que protege a nuestros niños. En los últimos días, Colombia ha presenciado escándalos indignantes, relatos atroces de abusos sexuales, explotación y violencia sistemática contra menores. Y como abogado, como ciudadano y como ser humano, no puedo más que alzar la voz, con los niños, NO.
Vivimos en un país donde se consagra en el papel el interés superior del menor, pero donde, en la práctica, se permite que los peores criminales gocen de garantías que los propios niños jamás tuvieron. Nos escudamos en tratados internacionales, en teorías resocializadoras, en formalismos garantistas, mientras las víctimas cargan para siempre con cicatrices físicas y emocionales imposibles de reparar.
Aquí es donde propongo una reflexión urgente y valiente, Colombia debería considerar la renuncia o el retiro de algunos tratados internacionales que impiden imponer sanciones ejemplares como la cadena perpetua o incluso la pena de muerte para los violadores y asesinos de niños.
Sé que esta idea incomoda. Sé que desafía una corriente jurídica consolidada en derechos humanos. Pero también sé que el derecho no puede ser ciego ante el dolor y la realidad social. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos prohíben expresamente la pena de muerte, y dificultan sanciones como la cadena perpetua. Sin embargo, el artículo 93 de nuestra Constitución establece que la interpretación de esos tratados debe estar en armonía con la prevalencia de los derechos fundamentales. ¿Y qué derecho es más fundamental que el de un niño a vivir sin miedo, sin abuso, sin muerte?
Como abogado, no propongo venganza. Propongo justicia. Propongo proporcionalidad. Propongo que el Estado esté a la altura del horror que enfrenta. Hay crímenes que no merecen indulgencia. Hay agresores cuya peligrosidad no disminuye con los años. Y hay víctimas que merecen más que indignación pasajera, merecen cambios estructurales.
La Corte Constitucional podrá decir que la cadena perpetua viola la dignidad humana del agresor. Yo pregunto: ¿y la dignidad del niño violado y asesinado? ¿Dónde queda? ¿En qué momento invertimos la lógica al punto de que el victimario merece más protección que la víctima?
Esta columna es una constancia pública. Una advertencia moral y jurídica. Una propuesta para sacudir la comodidad legalista que muchas veces se convierte en complicidad silenciosa. No es populismo punitivo. Es una exigencia ética y jurídica. Porque si el Estado no es capaz de proteger a sus niños ni de castigar con verdadera severidad a quienes los destruyen, entonces no estamos frente a un Estado de Derecho, sino frente a un Estado de indiferencia.
Con los niños no se dialoga. Con los niños no se negocia. Con los niños se protege, con todo el peso del Derecho y la fuerza moral de la sociedad. Si los tratados nos lo impiden, entonces que se revisen. Si la ley no alcanza, que se reforme. Pero lo que no puede seguir ocurriendo es esta impunidad que asesina dos veces, primero al cuerpo, y luego a la esperanza.
