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La situación jurídica y social alrededor de la finca La Paz, ubicada en el municipio de Tello, continúa generando controversia tras la orden de desalojo contra varias familias campesinas y víctimas del conflicto armado que permanecen en el predio desde febrero de este año.
De acuerdo con el abogado Neys Sarmiento, representante de algunas de las asociaciones involucradas, el terreno de 406 hectáreas había sido entregado provisionalmente por la Sociedad de Activos Especiales a la asociación Asochapuro y a la Cooperativa Multiactiva Red de Cafeteros Solidarios mediante un acta expedida el 3 de diciembre de 2024. Según explicó, esa entrega estaba condicionada al cumplimiento de requisitos para formalizar un contrato de comodato destinado a la explotación agrícola del predio.
El jurista señaló que, pese a la existencia de esa entrega provisional, las asociaciones beneficiadas no habrían iniciado actividades de producción en la finca. Esa situación, afirmó, motivó el ingreso de otras organizaciones campesinas y de víctimas del desplazamiento forzado que aseguran necesitar tierras para desarrollar actividades agrícolas y garantizar su sustento.
Entre las organizaciones que ingresaron posteriormente al predio se encuentran asociaciones integradas por población desplazada y familias en condición de vulnerabilidad, algunas de ellas con presencia de menores de edad, adultos mayores y personas con discapacidad.
Las organizaciones inicialmente beneficiadas presentaron una querella ante la Inspección de Policía de Tello, lo que dio inicio a un proceso policivo por perturbación a la tenencia. Dentro de ese trámite, la inspectora municipal solicitó información a la SAE el 18 de marzo de 2026 para verificar la autenticidad del acta de entrega provisional aportada por las asociaciones que reclamaban la tenencia del predio.
Según relató el abogado, la SAE confirmó que el documento sí reposaba en los archivos institucionales de la entidad. Con base en esa certificación, la Inspección de Policía emitió el 7 de abril un fallo en el que declaró responsables de perturbación a las asociaciones que ingresaron posteriormente a la finca y ordenó el desalojo de las familias asentadas en el terreno.
Tras esa decisión, la defensa de las organizaciones presentó una acción de tutela argumentando vulneración al debido proceso y solicitando protección especial para las personas consideradas sujetos de especial protección constitucional por su condición de desplazamiento y vulnerabilidad.
Sarmiento aseguró que durante el trámite judicial la SAE informó que las asociaciones que recibieron inicialmente el predio no cumplieron los requisitos necesarios para formalizar el contrato definitivo sobre la finca y que, por esa razón, el acta provisional habría quedado sin efectos jurídicos.
De acuerdo con el abogado, esa respuesta fue remitida por la entidad entre el 9 y el 12 de abril dentro de una acción de tutela tramitada en el Juzgado Promiscuo Único de Tello. A partir de esa comunicación, sostuvo que las asociaciones inicialmente beneficiadas ya no tendrían la condición de tenedoras del predio.
El representante judicial de las familias agregó que la finca La Paz se encuentra vinculada a un proceso de extinción de dominio y cuenta con medidas cautelares relacionadas con decisiones adoptadas por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Medellín. Según explicó, el predio estaría relacionado con investigaciones sobre bienes asociados al frente 40 de las Farc, razón por la cual actualmente es administrado por la SAE.
Dentro de ese contexto, indicó que también fue presentada ante el tribunal una solicitud provisional de entrega del predio a favor de las familias campesinas y víctimas del conflicto que permanecen en el lugar, trámite que actualmente se encuentra en estudio.
Frente al procedimiento de desalojo programado para este miércoles, la defensa interpuso una nueva acción de tutela ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito. Aunque el despacho negó la solicitud de suspensión provisional de la diligencia, ordenó vincular a varias entidades para que entreguen información relacionada con la situación de las personas asentadas en la finca.
Entre las entidades requeridas se encuentran la Alcaldía de Tello, la Personería Municipal, la Defensoría del Pueblo, la Unidad para las Víctimas y la Sociedad de Activos Especiales, con el fin de establecer si las familias que ocupan el terreno tienen la condición de víctimas del conflicto armado y si cuentan con protección especial por parte del Estado.
Según el abogado Neys Sarmiento, el juzgado otorgó un plazo de dos días para que las entidades involucradas remitan sus respuestas y conceptos dentro del trámite constitucional.
Las familias ingresaron a la finca el 23 de febrero de 2026 y desde entonces permanecen en el predio mientras avanza la discusión jurídica sobre la tenencia de la tierra, las medidas de protección a víctimas del conflicto armado y la legalidad del procedimiento de desalojo adelantado por las autoridades locales.
El abogado Sarmiento considera que la inspección de Policía de Tello, debe abstenerse de adelantar el desalojo al considerar que en el terreno ya no existe un tenedor y los únicos que tienen la competencia son la SAE o el Tribunal Sala de Justicia y Paz de la ciudad de Medellín.
La Última trató de hablar con la inspectora del municipio de Tello, Ivonne Duarte, pero no fue posible tener contacto con la funcionaria para conocer detalles sobre la orden de desalojo.
