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El Consejo de Estado admitió para estudio de fondo una demanda de nulidad electoral que busca dejar sin efecto la elección de los 18 representantes a la Cámara por Bogotá para el periodo 2026-2030, elegidos en los comicios del 8 de marzo de 2026. La decisión fue adoptada por el magistrado ponente Omar Joaquín Barreto, quien determinó que la demanda cumplía con los requisitos formales para iniciar el proceso judicial.
La acción fue presentada por Josías Fiesco Agudelo, militante del Centro Democrático, quien sostiene que durante el proceso electoral se presentaron diferencias entre la información consignada en los formularios E-14 y la registrada posteriormente en los E-24 y E-26 CAM. Según su reclamación, estas inconsistencias habrían incidido en la asignación de una curul que inicialmente aparecía a su favor durante el preconteo y que, tras el escrutinio oficial realizado el 9 de marzo, quedó en manos de Luz Marina Gordillo, también integrante del Centro Democrático.
Fiesco también cuestionó la actuación de la Comisión Escrutadora General de Bogotá, al considerar que sus reclamaciones no fueron atendidas de manera adecuada y que no se realizaron las verificaciones documentales que, según la demanda, correspondían frente a las diferencias detectadas en los resultados.
El proceso involucra a los 18 representantes elegidos por Bogotá, entre ellos Bleydi del Carmen Pérez Ballesteros, Catherine Juvinao, Mauricio Andrés Toro, Daniel Felipe Briceño, José Jaime Uscátegui, David Gerardo Cote, Nelly Patricia Mosquera, Jesús Salim Lordy Martínez, Luz Marina Gordillo, Carol Stefanny Borda, María Fernanda Carrascal, Laura Daniela Beltrán, María del Mar Pizarro, Daniel Mauricio Monroy, Heráclito Ladinez, Claudia Teresa Romero, Jairo León Vargas y Gabriel Becerra.
Con la admisión, el Consejo de Estado ordenó notificar al Consejo Nacional Electoral, la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Procuraduría General de la Nación, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y los congresistas demandados. La decisión abre la etapa judicial en la que las partes podrán presentar pruebas y argumentos. La admisión de la demanda no implica que las elecciones hayan sido anuladas ni constituye una decisión sobre las irregularidades denunciadas.
