Económicas
Las dificultades para recuperar los recursos por la atención de las víctimas de accidentes de tránsito se sumaron a las deudas que han mantenido bajo presión financiera a los hospitales públicos del Huila. Una ilustración de ello es el Hospital San Vicente de Paúl de Garzón, donde se atienden alrededor de 25 pacientes al día por esta causa, y entre el 50 % y el 60 % de ellos no están cubiertos por el seguro obligatorio. Carlos Daniel Mazabel, gerente del hospital, explicó que el procedimiento para cobrar este servicio requiere una certificación previa de la Adres, lo cual alarga el tiempo de facturación. “El Adres entra a revisar y a recibir una gran cantidad de cobros. Tenemos un documento que certifica si la EPS ya pagó o si se alcanzó el límite de cobertura, y eso nos demora tres o cuatro meses e imposibilita presentar las cuentas”.

En el Hospital Departamental San Antonio de Pitalito, la cartera asciende a cerca de $120.000 millones. De ese total, $56.804 millones corresponden a Nueva EPS, lo que equivale al 41,92 %; y $36.491 millones a Asmet Salud, lo que representa el 26,93 %. A estas obligaciones se suman $7.440 millones de la Adres y $5.279 millones de La Previsora, relacionados con la atención de las víctimas de accidentes de tránsito. Diana Conde, gerente del hospital, expuso las dificultades para recuperar estos recursos. “Lo más delicado es el aumento indiscriminado de la cartera que hemos tenido en los últimos meses y el incumplimiento de las entidades intervenidas frente al giro directo”.
La institución no tiene contratos vigentes con Nueva EPS ni con Asmet Salud, pero ha continuado atendiendo a sus afiliados. Aunque han sostenido reuniones con representantes de Asmet Salud, no han logrado un acercamiento administrativo con Nueva EPS. La preocupación está en los compromisos con trabajadores y proveedores. “Tenemos acreedores, tenemos que pagar el talento humano, ya sea especializado o auxiliar. Nunca nos hemos quedado sin pagarles, pero tenemos que cumplir con los proveedores y los suministros”, indicó Conde. Si los giros no mejoran al finalizar noviembre, el hospital revisaría la continuidad de la atención ambulatoria. Además, espera que los servicios prestados dentro del plan de choque del Ministerio de Salud se reflejen en nuevos pagos.

En La Plata, el Hospital San Antonio de Padua reporta una cartera de $83.000 millones. Nueva EPS adeuda $27.000 millones; Sanitas, $13.000 millones; y Asmet Salud y AIC, en conjunto, otros $13.000 millones. A esto se suman $19.000 millones correspondientes a entidades liquidadas como Ecopsos, Comfamiliar y Medimás, recursos que son de difícil recuperación. Los plazos de pago a proveedores también se han extendido y actualmente pueden llegar a entre 120 y 150 días.
El gerente José Antonio Muñoz aseguró que, pese a las dificultades de recaudo, la institución mantiene su capacidad de funcionamiento. “La institución es viable, porque el trabajo del personal asistencial, médico, especialista y de enfermería nos permite demostrar que estamos atendiendo a la población y que somos autosostenibles. Pero cuando esas cifras se traducen en pagos en efectivo por parte de las EPS, son absolutamente deficientes”. También advirtió sobre las consecuencias de los retrasos en las obligaciones laborales. “Uno paga el personal y de alguna manera respira, pero cuando deja de pagar el personal, la situación se complica”.

Por su parte, el Hospital San Vicente de Paúl de Garzón registra una cartera corriente cercana a los $99.000 millones. De esa suma, alrededor de $32.000 millones corresponden a entidades liquidadas y son considerados de difícil cobro, mientras que cerca de $60.000 millones de la cartera corriente tienen vencimientos superiores a 120 días. Entre los principales deudores están Sanitas, Nueva EPS y Asmet Salud. Carlos Daniel Mazabel señaló que el primer semestre fue especialmente difícil, aunque desde julio la institución ha registrado una mejoría en el recaudo mediante acuerdos, conciliaciones y procesos jurídicos de cobro contra algunas aseguradoras. “A partir del mes de julio hemos mejorado ostensiblemente el recaudo. A pesar de que venimos arrastrando cuentas por pagar desde hace varios años, hemos mantenido o mejorado la estabilidad con nuestros proveedores”.

En Neiva, el Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo también expuso las dificultades para sostener la prestación de los servicios. Su gerente, Juan Diego Fierro, reportó una ocupación del 130 % en urgencias, del 100 % en hospitalización y del 99 % en las unidades de cuidados intensivos. Entre las principales causas de atención están las enfermedades cardiovasculares, las descompensaciones de pacientes diabéticos e hipertensos y los accidentes de tránsito. Además, el centro asistencial recibe pacientes procedentes del Caquetá, debido a las dificultades de la red hospitalaria de ese departamento, aunque la prioridad continúa siendo la población del Huila.
El hospital también ha incrementado la atención por el plan de choque del Ministerio de Salud, las peticiones, quejas y reclamos, las tutelas y las enfermedades que permanecían represadas. Esto ha significado un aumento en consultas y procedimientos quirúrgicos, así como en la facturación y las cuentas pendientes de pago. “Entre más servicios prestemos, más facturación se genera y, por consiguiente, más cartera. Hemos llegado a algunos acuerdos que nos han garantizado un flujo de recursos para estabilizar nuestros pagos”, explicó Fierro.
Uno de esos acuerdos fue alcanzado con Asmet Salud, que contempla giros mensuales de $13.000 millones durante octubre, noviembre y diciembre. Según lo expuesto por el gerente, estos recursos permiten atender compromisos relacionados con especialistas, medicamentos e insumos, además de avanzar en la atención de pacientes que estaban pendientes de procedimientos y consultas.

El secretario de Salud del Huila, César Roa, indicó que la cartera de la red hospitalaria pública supera el billón de pesos y que, en promedio, las instituciones reciben el 40 % de los recursos correspondientes a lo que facturan. “De lo que se factura en un hospital, en promedio se recauda el 40 %. Los hospitales han trabajado con ese porcentaje y eso es lo que hace que no tengamos instituciones hoy tan graves”.
El funcionario también señaló que los recursos enviados por el Gobierno nacional a la red pública todavía no han llegado en la proporción esperada y que las medidas adoptadas han priorizado principalmente a instituciones de mediana y alta complejidad. Entre los asuntos pendientes mencionó el acceso a medicamentos, la atención de enfermedades de salud pública y los procesos de referencia y contrarreferencia. Al cierre de la audiencia se planteó realizar un nuevo encuentro en marzo, cuando el Gobierno nacional complete seis meses de gestión, para revisar los avances y las respuestas a las dificultades financieras del sector.
