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El Gobierno nacional anunció la presentación ante el Congreso de un proyecto de estatuto antiterrorista que busca ampliar las herramientas del Estado para enfrentar a las organizaciones criminales que operan en distintas regiones del país. El anuncio fue realizado por el ministro del Interior, Rodrigo Lara, quien explicó que la iniciativa incluirá medidas en materia de persecución judicial, financiación e inteligencia.
Uno de los componentes planteados contempla la creación de un sistema oficial para clasificar como terroristas a determinadas organizaciones. Esta herramienta permitiría establecer mecanismos específicos para identificar a sus integrantes, afectar sus estructuras y avanzar contra la infraestructura utilizada para desarrollar sus actividades.
La propuesta también contempla cambios en materia penal dirigidos a afectar las fuentes de financiación de estos grupos. El objetivo es intervenir las rentas ilegales que permiten mantener sus operaciones y fortalecer las acciones de las autoridades contra quienes participan en esas redes económicas.
El Gobierno también estudia mecanismos para aumentar la capacidad de inteligencia y respuesta judicial. Dentro de las alternativas está la posibilidad de establecer organismos especializados en la Rama Judicial que permitan atender de manera más rápida los procesos relacionados con estas organizaciones.
El anuncio se conoce mientras las Fuerzas Militares y la Policía mantienen operaciones en diferentes zonas del país. En Guaviare se adelantan acciones contra estructuras vinculadas con alias Calarcá, mientras que la Fiscalía reactivó órdenes de captura contra varios cabecillas de grupos armados, entre ellos alias Andrey, Richard, Jhon Mechas y Araña.
En Norte de Santander, el ministro confirmó que continuarán las operaciones contra estructuras del ELN y del Frente 33. La declaración se produjo después de recientes ataques con explosivos que dejaron un civil muerto y 2 integrantes de la Fuerza Pública heridos.
Durante su intervención, Lara también entregó información sobre los incendios registrados en el Tolima. Según las primeras investigaciones, en varios de los puntos afectados se habrían utilizado elementos acelerantes, por lo que las autoridades analizan la posible participación de terceros en el origen de las conflagraciones.
La emergencia ha afectado cerca de 50.000 hectáreas en el departamento. Las labores adelantadas por los organismos de socorro permitieron controlar los incendios y evitar nuevas víctimas mortales y afectaciones de mayor magnitud en zonas residenciales.
