Por: Danilo Andrés Arboleda
Durante décadas, la lucha contra el narcotráfico se presentó fundamentalmente como un problema de seguridad pública: perseguir organizaciones criminales, destruir laboratorios, incautar cargamentos, erradicar cultivos ilícitos, capturar capos y judicializar las estructuras financieras que sostienen el negocio. Colombia conoce esa historia mejor que cualquier otro país.
Sin embargo, algo está cambiando. La guerra contra las drogas parece entrar en una nueva etapa, en la que el narcotráfico deja de ser considerado exclusivamente un fenómeno criminal para convertirse cada vez más en un asunto de seguridad nacional, de defensa y de geopolítica hemisférica.
La transformación es particularmente evidente en la estrategia de Estados Unidos. Durante el último año, Washington ha intensificado las operaciones militares contra embarcaciones señaladas por participar en el tráfico de drogas en el Caribe y en el Pacífico oriental. La magnitud de estas operaciones y el debate sobre su legalidad muestran que la lucha contra los cárteles está adquiriendo características distintas de las de la política antidrogas tradicional.
La pregunta, entonces, no es simplemente si Estados Unidos está siendo más contundente contra el narcotráfico. La verdadera pregunta es: ¿estamos ante un cambio en la naturaleza de esta guerra?
Todo parece indicar que sí.
El narcotráfico contemporáneo ya no funciona como una estructura aislada. Está conectado con el lavado de activos, el tráfico de armas, la corrupción, la minería ilegal, la trata de personas, el contrabando, las organizaciones criminales transnacionales y los grupos armados que utilizan las economías ilícitas para financiar su capacidad militar y ejercer control territorial.
Por eso, combatir una tonelada de cocaína ya no significa únicamente decomisar una mercancía ilegal. Significa afectar una cadena financiera, logística, armada y territorial que puede atravesar varios países y utilizar rutas marítimas, aéreas y terrestres.
Colombia ocupa un lugar central en esta transformación.
Nuestro país continúa siendo un actor indispensable en la lucha internacional contra las drogas. La cooperación con Estados Unidos sigue incluyendo inteligencia, interdicción, judicialización, extradición y persecución de estructuras financieras. De hecho, la Cancillería colombiana ha destacado los resultados históricos en la interdicción de la cocaína y en la cooperación bilateral contra el crimen organizado transnacional.
Pero el escenario regional está cambiando.
El narcotráfico se ha desplazado hacia una lógica cada vez más transnacional. Las organizaciones criminales aprovechan fronteras porosas, territorios con escasa presencia efectiva del Estado y corredores internacionales. En consecuencia, la respuesta también tiende a internacionalizarse.
Y aquí aparece uno de los principales desafíos para Colombia: no podemos combatir un fenómeno global con una estrategia exclusivamente doméstica.
La seguridad de Colombia está directamente relacionada con lo que sucede en Venezuela, Ecuador, Panamá, el Caribe y el Pacífico. Las rutas de la droga no reconocen fronteras políticas y las organizaciones criminales tampoco.
Esto obliga a replantear el concepto de cooperación internacional. Colombia necesita inteligencia compartida, control de fronteras, vigilancia marítima y aérea, intercambio de información financiera y operaciones coordinadas contra las estructuras criminales. Las recientes extradiciones de personas vinculadas al narcotráfico y al lavado de activos demuestran precisamente la importancia de esa cooperación transnacional.
Pero existe otra dimensión que no podemos ignorar: la militarización de la lucha contra las drogas.
Cuando las Fuerzas Militares comienzan a asumir un papel más directo frente a organizaciones que poseen armas, control territorial, capacidad logística y recursos financieros comparables a los de algunas estructuras insurgentes, la frontera entre la seguridad pública y la seguridad nacional se vuelve mucho más compleja.
Esto no significa que toda organización narcotraficante deba ser tratada automáticamente como un actor militar. Significa que el Estado debe reconocer cuándo una estructura criminal ha adquirido capacidades que exceden la capacidad de respuesta policial.
La discusión, por tanto, no debería reducirse a estar a favor o en contra de la militarización. La discusión seria consiste en determinar cuándo, dónde, bajo qué reglas y con qué controles jurídicos debe emplearse la capacidad militar del Estado.
También sería un error pensar que la solución consiste únicamente en aumentar las operaciones militares. La experiencia colombiana demuestra que la fuerza, por sí sola, no resuelve el problema. Allí donde el Estado no consolida el territorio, otros actores ocupan el espacio que deja.
Por eso, una política eficaz contra las drogas debe combinar seguridad, justicia, inteligencia, desarrollo rural, control financiero, presencia institucional y cooperación internacional.
El gran desafío consiste en comprender que el narcotráfico ya no es simplemente un delito que Colombia exporta y que otros países consumen. Se ha convertido en una amenaza que afecta la estabilidad regional y puede ser utilizada por organizaciones criminales para disputar territorio, penetrar en instituciones y desafiar la autoridad del Estado.
En este nuevo escenario, Colombia no puede limitarse a reaccionar.
Debe anticiparse.
La geopolítica está entrando de lleno en la guerra contra las drogas. El Caribe y el Pacífico han adquirido una importancia estratégica mayor, mientras Estados Unidos profundiza su cooperación y, al mismo tiempo, aumenta el componente militar de su respuesta.
Colombia, por su posición geográfica, sus capacidades militares y policiales y su experiencia acumulada durante décadas, tiene una responsabilidad especial.
Pero esa responsabilidad exige una política de Estado.
La nueva guerra contra las drogas no se ganará únicamente contando toneladas incautadas ni hectáreas erradicadas. Se ganará cuando el Estado logre desmontar las estructuras económicas, territoriales, armadas y políticas que permiten que el narcotráfico sobreviva y se transforme.
La pregunta ya no es solo cómo combatir las drogas. La verdadera pregunta es cómo impedir que el narcotráfico se convierta en un factor de poder en la geopolítica latinoamericana.
Y esa es una batalla que Colombia no puede darse el lujo de perder.
