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Llegarán 30 policías a finales de abril y otros 50 en agosto para reforzar la vigilancia en Neiva. Ese refuerzo, dijo el secretario de Gobierno José Ferney Ducuara, se suma a los 100 uniformados que fueron asignados entre 2024 y 2025 en medio de los reclamos por el déficit del pie de fuerza y la necesidad de mayor presencia en barrios y comunas.
“Durante años se desmanteló la seguridad de Neiva y no hablo de una administración porque yo no soy quien para juzgar o señalar a alguien. Pero hablo de la realidad de la ciudad, cómo Neiva fue perdiendo su capacidad. 14 CAI fuera de servicio, arrumados allá como un cementerio, todos estaban fuera de servicio”, agregó ademas “recibimos una ciudad con un déficit de 98 mil millones de pesos y cuentas por pagar por $120 mil millones”, afirmó Ducuara ante los concejales.
El funcionario explicó que, frente a ese panorama, las primeras decisiones se enfocaron en recuperar el sistema de cámaras y poner nuevamente en funcionamiento los CAI móviles. También indicó que los cuadrantes pasaron de once a treinta y que la meta es llegar a cincuenta y siete para ampliar la cobertura.
Ese fue el ambiente en el que se desarrolló el debate de control político en el Concejo de Neiva, donde durante varias horas se escucharon intervenciones de concejales y líderes comunitarios que detallaron problemáticas por sectores de la ciudad y cuestionaron la efectividad de algunas estrategias institucionales.
“Hay un mayor número de delitos en la comuna Uno, donde el hurto a personas se encuentra totalmente disparado. Lo sigue la comuna 4 y después continúa la comuna 6. Lo mismo sucede con el homicidio, que está concretamente centrado con 18 casos para el año 2025 en la comuna 6 y le sigue la comuna 9 con 15 homicidios”, expuso el concejal Humberto Perdomo al presentar el comportamiento de varios delitos según la zona.
Durante la sesión se mencionó que el recaudo destinado a seguridad alcanzó 3.537.447.967 pesos con corte al 31 de diciembre de 2025, cifra que fue utilizada por varios concejales para pedir mayor claridad sobre la planeación y ejecución de esos recursos y su impacto real en la capacidad operativa de la ciudad.
También se cuestionó el estado del sistema de cámaras de videovigilancia y se señaló que solo una parte de estos equipos opera de manera adecuada. A esto se sumó la referencia a la falta de funcionamiento de la UPJ pese a anuncios de años anteriores y a las fallas estructurales del Centro de Detención Transitoria tras la fuga de siete internos, situación que, según se indicó, obligó a destinar uniformados a custodias fijas en lugar de patrullaje.
Los líderes comunitarios que intervinieron coincidieron en que la seguridad no puede depender únicamente de operativos policiales. Solicitaron mejoras en el alumbrado público, recuperación de parques y espacios invadidos por consumo de drogas, control del ruido en zonas residenciales y mayor trabajo con jóvenes en barrios donde el microtráfico tiene presencia incluso cerca de entornos escolares.
Desde la Policía Metropolitana de Neiva se informó que 889 uniformados están destinados a patrullaje y vigilancia estratégica, sin contar unidades de investigación e inteligencia. Se reconoció que el sistema de videovigilancia requiere inversión adicional para operar en su totalidad y que se han realizado ajustes operativos recientes en sectores priorizados.
Por su parte, el Batallón Tenerife del Ejército Nacional de Colombia explicó que se viene fortaleciendo la articulación con otras autoridades para ejercer control en accesos a la ciudad y zonas rurales, priorizando labores de inteligencia y movilidad operativa.
A lo largo del debate se escucharon posturas distintas sobre las causas del deterioro de la seguridad y sobre la responsabilidad de los distintos niveles del Estado. Algunos concejales insistieron en que la respuesta debe combinar acciones inmediatas con inversión social sostenida, mientras otros reclamaron mayor liderazgo institucional y presencia efectiva en las comunas que, según las cifras expuestas, concentran la mayor afectación.
La jornada cerró con el compromiso de revisar las metas del plan de seguridad y de evaluar las solicitudes planteadas tanto por los concejales como por los representantes de las comunidades que participaron en la sesión.
