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Tras una década de expectativas desde la firma del Acuerdo de Paz, la creación de la Jurisdicción Agraria quedó encaminada para su implementación en 2027 luego de una decisión de la Corte Constitucional que avaló la necesidad de su puesta en marcha y exhortó al Congreso a completar su desarrollo normativo mediante la aprobación de la ley ordinaria correspondiente.
El pronunciamiento del alto tribunal se dio tras el análisis de una demanda presentada por la Agencia Nacional de Tierras que buscaba acelerar la puesta en funcionamiento de esta jurisdicción especializada. La decisión también recoge los argumentos expuestos por el Gobierno nacional, organizaciones sociales, sectores académicos y representantes del Congreso durante el proceso de estudio.
La ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Martha Carvajalino, señaló que el Congreso cuenta con un margen limitado de sesiones para tramitar la iniciativa legislativa que define el procedimiento agrario, al advertir que la sentencia reciente insta a regular de manera urgente las competencias y el funcionamiento de la nueva jurisdicción.
Desde la Agencia Nacional de Tierras, su director Juan Felipe Harman hizo un llamado a las corporaciones legislativas para que avancen en la aprobación del proyecto, al considerar que el trámite es determinante para garantizar el inicio operativo de los jueces especializados en materia agraria y rural.
Harman también afirmó que la decisión judicial ordena al Consejo Superior de la Judicatura adelantar las acciones necesarias para que la jurisdicción entre en funcionamiento de forma progresiva a partir de 2027, en el marco del desarrollo del Acto Legislativo 03 de 2023.
El origen del proceso se remonta a 2025, cuando la Agencia Nacional de Tierras radicó trece demandas relacionadas con quince procesos agrarios que abarcan cerca de 16.400 hectáreas. Estos casos se encuentran en condiciones similares y, según la entidad, no han tenido decisiones de fondo debido a la ausencia de jueces especializados.
En marzo de este año, la ministra de Agricultura y el director de la Agencia Nacional de Tierras participaron en una audiencia pública ante la Corte Constitucional en la que expusieron la necesidad de contar con una jurisdicción exclusiva para resolver conflictos rurales y garantizar la aplicación del procedimiento agrario.
Con la reciente decisión, la Corte concluyó el estudio de la demanda y dio vía libre a la implementación progresiva de la nueva estructura judicial, además de exhortar al Congreso a aprobar la ley ordinaria que permita su funcionamiento pleno.
El director de la Agencia Nacional de Tierras sostuvo que la decisión representa el cierre de una etapa de espera para las comunidades rurales que enfrentan disputas sobre la tierra y que requieren jueces especializados para su resolución.
De acuerdo con cifras de la entidad, se han cerrado procesos administrativos que superan las cuarenta y cinco mil hectáreas y se proyecta avanzar en más de sesenta mil hectáreas adicionales durante 2026, en el marco de las metas de redistribución de tierras.
El Acuerdo de Paz firmado en 2016 estableció la creación de esta jurisdicción como parte de la Reforma Rural Integral, con el objetivo de resolver de manera más ágil los conflictos de propiedad y uso de la tierra en el país mediante una justicia especializada.
