Por Franky Vega Murcia
Durante demasiado tiempo Colombia pareció haber construido una regla absurda: al ciudadano honrado se le exigía estar desarmado, mientras el delincuente decidía cuándo, dónde y con qué arma atacar.
El comerciante abría su negocio con miedo, el campesino regresaba de su finca mirando hacia atrás, el productor transportaba su cosecha bajo amenaza, el empresario pagaba extorsiones para proteger lo que había construido durante años y, una familia cualquiera podía quedar a merced de un atracador armado.
Mientras tanto, el Estado les decía a los ciudadanos: confíen en nosotros y, claro que debemos confiar en el Estado. La seguridad es, ante todo, una obligación estatal, pero cuando la delincuencia tiene capacidad de fuego, mientras el ciudadano que cumple la ley está absolutamente indefenso, hay una pregunta que durante años nadie quiso responder con suficiente valentía:¿Quién protege al ciudadano cuando el delincuente ya decidió atacarlo?
Hoy, 8 de septiembre de 2026, el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella ha dado un paso que considero correcto, necesario y oportuno, como complemento a la política de seguridad que se viene construyendo: mediante el Decreto 1368 de 2026, levantó la suspensión general de los permisos para el porte y tenencia de armas de fuego, bajo estrictos requisitos y controles.
Y quiero decirlo sin rodeos: Celebro esta decisión. La respaldo. Y me satisface que el Gobierno haya entendido algo que nosotros ya veníamos diciendo durante la campaña a la Cámara de Representantes por el Huila.
Cuando recorrimos el departamento como candidatos, cuando pedimos el voto con el L-102, planteamos una propuesta que algunos consideraron incómoda: Colombia necesitaba discutir seriamente el derecho del ciudadano honrado a contar con herramientas legales de defensa, bajo un régimen estricto, responsable y controlado.
No hablábamos de armar a todo el mundo. Hablábamos de permitir, excepcionalmente y bajo controles rigurosos, que un ciudadano responsable pudiera acceder legalmente a un arma para proteger su vida, la de su familia, su patrimonio o a terceros, cuando cumpliera condiciones objetivas establecidas por el Estado.
Nuestra propuesta de campaña incluso planteaba una fórmula concreta: estudio de seguridad, capacitación para el manejo responsable de armas y evaluación psicosocial. Esa propuesta fue públicamente presentada como una “Ley de Porte de Armas Disuasivo”.
Hoy el Gobierno ha dado un paso en esa dirección. Y no fue necesario esperar a una nueva ley del Congreso para comenzar a cambiar la política. Eso también hay que reconocerlo.
No se trata de armar a Colombia. Se trata de desarmar al delincuente ilegal, aquí está la diferencia que algunos deliberadamente quieren ocultar.Una cosa es defender el porte legal, autorizado, responsable y controlado, otra muy distinta, es permitir que cualquier persona tenga un arma sin controles, que es lo que viene pasando.
El Decreto 1368 no significa que mañana cualquier ciudadano pueda salir a comprar un arma y caminar armado por las calles. La propia Presidencia ha explicado que el levantamiento de la suspensión opera bajo requisitos y controles de las autoridades competentes. Y eso es precisamente lo que debe ocurrir, permisos estrictos, evaluaciones rigurosas, capacitación obligatoria, control de antecedentes, evaluación de las condiciones psicológicas y de seguridad del solicitante, responsabilidad absoluta frente al uso del arma.
Porque un arma en manos de un delincuente es una amenaza, pero un arma en manos de una persona irresponsable también puede convertirse en una amenaza, por eso no debemos caer en extremos.
La política correcta no es “armas para todos”, la política correcta es: armas legales para ciudadanos idóneos, responsables y previamente evaluados; y persecución implacable para las armas ilegales y quienes las utilizan para delinquir.
La delincuencia debe perder su ventaja, puesdurante años hemos hablado de desarmar a la sociedad como si el problema de Colombia fueran los ciudadanos. No. El problema son las estructuras criminales que utilizan armas ilegales para asesinar, atracar, extorsionar, secuestrar y someter comunidades enteras.
La propia Presidencia reportó que entre el 1 de enero y el 3 de septiembre de 2026 la Fuerza Pública había incautado 15.700 armas de fuego, de las cuales 14.179 estaban relacionadas con la comisión de delitos, es decir, el 94,52% de las armas en las calles, son para cometer delitos, y óigase bien, también informó que entre las armas incautadas había material vinculado a estructuras como las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo y el ELN.
Ese dato debería obligarnos a mirar el problema de frente. El arma que debemos perseguir con mayor contundencia es el arma ilegal que está en manos del criminal, y ahí tiene que estar la Fuerza Pública, en las carreteras, en los corredores rurales, en las entradas y salidas de los municipios, en las zonas de mayor incidencia criminal, en los barrios, en las vías secundarias, en los puntos de control, en los lugares donde se mueve el delito, porque si combinamos una ciudadanía legalmente protegida con una Fuerza Pública desplegada, inteligencia criminal, controles efectivos y jueces capaces de aplicar las penas correspondientes, podemos comenzar a cambiar la relación de fuerzas.
Hasta ahora, demasiadas veces el delincuente sabía que podía llegar armado frente a una víctima desarmada. Esa ecuación tiene que cambiar.
En el Huila conocemos perfectamente el problema, no estoy hablando desde Bogotá, estoy hablando desde el Huila, desde una tierra donde el comerciante conoce el miedo a la extorsión, donde nuestros campesinos conocen las dificultades de la seguridad rural y donde muchos productores recorren kilómetros transportando el resultado de meses de trabajo. En el Huila sabemos que la seguridad no puede analizarse exclusivamente desde los escritorios, hay que vivir el territorio, hay que escuchar al campesino, hay que hablar con el comerciante, hay que caminar las calles, hay que recorrer las carreteras y hay que entender lo que significa que una persona salga de su casa a trabajar y no tenga la certeza de regresar.
Por eso creímos en la propuesta presidencial que se comprometió a que la seguridad debía volver a ser una prioridad nacional y que el ciudadano honrado no podía quedar condenado a la indefensión absoluta, hoy reitero esa convicción y cada día me convenzo que el nuevo gobierno nos lleva en esa dirección.
Pero cuidado: portar un arma no significa tener licencia para disparar, este punto debe quedar absolutamente claro, el levantamiento de la suspensión de los permisos no elimina las normas penales, las reglas sobre legítima defensa ni las responsabilidades derivadas del uso indebido de un arma. La legítima defensa no puede convertirse en una excusa para la venganza, el abuso o la justicia por propia mano.
Un ciudadano autorizado para portar un arma adquiere también una responsabilidad extraordinaria, debe saber cuándo puede o no utilizarla, debe conocer la diferencia entre una amenaza real y una simple discusión, debe estar capacitado, debe conservar el arma de manera segura y debe responder ante la ley por cualquier utilización indebida.
Por eso celebro especialmente que el Gobierno hable de estrictos requisitos y controles, porque el éxito de esta política no dependerá simplemente del número de permisos expedidos, dependerá de a quién se les conceda.
Ahora falta la otra mitad de la ecuación, no basta con permitir nuevamente el porte legal, hay que perseguir con mucha más fuerza el porte ilegal, ahí es donde debe sentirse el Estado, entonces, el delincuente que tenga un arma ilegal debe saber que cada carretera puede convertirse en un punto de control; que cada patrulla puede interceptarlo; que cada operación de inteligencia puede descubrirlo; y que cada arma ilegal encontrada puede convertirse en una prueba más para llevarlo ante la justicia.
La seguridad no se construye solamente entregando permisos, se construye haciendo que delinquir sea cada vez más difícil y ser descubierto sea cada vez más probable, y eso exige Policía, Ejército, Fiscalía, jueces, inteligencia, tecnología y voluntad política. Todo al mismo tiempo.
Que vuelva el equilibrio, hay quienes seguramente dirán que esta medida es peligrosa, yo les respondo que lo verdaderamente peligroso es mantener una sociedad donde el ciudadano honrado está obligado a confiar exclusivamente en que nunca será atacado, mientras el criminal ya decidió atacar armado.
No quiero una Colombia llena de armas, quiero una Colombia llena de ciudadanos protegidos, autoridades fuertes y delincuentes perseguidos. No quiero ciudadanos buscando justicia por su propia mano, quiero ciudadanos que sepan que pueden defender legítimamente su vida y que, al mismo tiempo, sepan que el Estado estará detrás de ellos para hacer cumplir la ley. No quiero que el arma sea el primer recurso, quiero que sea el último recurso legal de quien haya sido previamente autorizado y capacitado para portarla. Y, sobre todo, quiero que el delincuente entienda un mensaje muy sencillo:Ya no necesariamente tendrá enfrente a una víctima indefensa.
La delincuencia debe saber que, en adelante, también tendrá enfrente a una Fuerza Pública fortalecida, un Estado que debe perseguirlo, una justicia que debe castigarlo y una sociedad que ya no quiere seguir viviendo de rodillas.
Por eso celebro el Decreto 1368, lo apoyo y espero que sea exigente, responsable y eficaz, que no se convierta en una política de improvisación, que los filtros sean verdaderamente filtros, que las evaluaciones sean realmente rigurosas, que los permisos lleguen solamente a quienes los merecen y que las armas ilegales sigan siendo incautadas y sus portadores judicializados, porque Colombia necesita recuperar algo que durante demasiado tiempo le ha faltado: la sensación de que la ley está del lado de la gente buena.
Ahora viene lo más difícil: demostrar que funciona y si funciona, que los resultados hablen, menos atracos, menos extorsiones, menos secuestros, menos homicidios, y obviamente, más capturas, más armas ilegales incautadas, más delincuentes en las cárceles y más ciudadanos regresando tranquilos a sus casas, porque la seguridad no es un privilegio, es una condición para vivir, trabajar, producir y ser libres.
