Por: Carlos Ernesto Álvarez
En Colombia hablar de porte de armas suele generar posiciones extremas. Para algunos, permitir que un ciudadano porte un arma significa más violencia; para otros, impedirlo significa dejarlo indefenso. Yo estoy a favor de un punto intermedio pero firme: el ciudadano que cumple la ley, supera controles, está capacitado y recibe la autorización del Estado debe tener derecho a portar un arma para defenderse.
No estoy hablando de armas para cualquiera ni de convertir nuestras calles en un viejo oeste. Hablo de porte legal, responsable y estrictamente regulado.
Colombia lleva décadas regulando este tema. Desde 1993 existe un marco legal que establece que los particulares necesitan autorización para portar armas de fuego. Es decir, nunca se ha tratado de una libertad absoluta, sino de una posibilidad condicionada al cumplimiento de requisitos y responsabilidades.
La reciente decisión del Gobierno Nacional de levantar la suspensión general de los permisos vigentes vuelve a poner este debate sobre la mesa. Y creo que es una oportunidad para preguntarnos algo que muchas veces evitamos: ¿de qué sirve restringir al ciudadano que cumple la ley si el delincuente jamás ha necesitado un permiso para delinquir?
Solo entre enero y septiembre de 2026, la Fuerza Pública reportó la incautación de 15.700 armas de fuego, de las cuales 14.179 estaban relacionadas con delitos. El verdadero desafío, entonces, debería ser perseguir las redes que trafican armas, las organizaciones criminales que las utilizan y quienes las ponen en manos de delincuentes.
Eso no significa que más armas automáticamente signifiquen menos delitos. La experiencia internacional demuestra que el asunto es mucho más complejo. Estados Unidos ha mostrado los riesgos de flexibilizar el porte sin controles suficientes, mientras que Brasil obtuvo reducciones importantes en algunos indicadores después de implementar políticas de desarme. La conclusión no debería ser escoger ciegamente uno de los dos modelos, sino entender que las armas deben estar sometidas a reglas, controles y responsabilidad.
En Neiva conocemos bien la discusión sobre seguridad. En 2025 se registraron 82 homicidios y 111 casos de extorsión. Al mismo tiempo, varios delitos contra el patrimonio disminuyeron de manera importante. Esto demuestra que la seguridad no depende de una sola medida. Se necesitan policías, inteligencia, justicia, prevención y, sobre todo, una lucha frontal contra el crimen organizado.
Pero también debemos reconocer una realidad: la Policía no puede estar al lado de cada ciudadano en cada segundo de su vida.
Una persona puede estar en su casa, cerrando su negocio o siendo víctima de una amenaza y encontrarse sola durante esos segundos en los que necesita reaccionar. El Estado debe ser el principal responsable de nuestra seguridad, pero eso no significa que el ciudadano tenga que quedar completamente indefenso.
Por eso defiendo el porte legal y responsable. Un ciudadano autorizado, capacitado y sometido a controles no puede ser tratado de la misma manera que quien lleva un arma ilegal para extorsionar, robar o asesinar.
Desarmar al ciudadano no desarma al delincuente. La verdadera tarea es quitarles las armas a quienes las utilizan para delinquir, fortalecer a nuestra Fuerza Pública y, al mismo tiempo, permitir que quienes cumplen rigurosamente la ley puedan defender su vida y la de sus familias.
No quiero una Colombia llena de armas. Quiero una Colombia donde el ciudadano honesto no tenga que sentirse indefenso frente al delincuent y esa, creo, es una discusión que debemos tener sin miedo.
