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Quienes provoquen incendios forestales de manera intencional o por negligencia podrían enfrentar sanciones administrativas y penas de cárcel, en medio del aumento de las conflagraciones y las condiciones de sequía que afectan a varias regiones del país. El riesgo se extiende a 301 municipios que permanecen bajo alerta por incendios, entre ellos varios del Huila.
La solicitud de investigar el origen de cada incendio fue planteada por el Ministerio de Ambiente, que pidió a las autoridades establecer responsabilidades y aplicar las sanciones correspondientes cuando se determine que hubo una conducta que ocasionó las emergencias. La medida busca que los responsables de iniciar las conflagraciones respondan ante las autoridades, de acuerdo con la naturaleza de cada caso.
Actualmente, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres reporta 14 incendios forestales activos y otros cinco bajo control en diferentes puntos del territorio nacional. Uno de los frentes que concentra la atención está en el Santuario de Fauna y Flora Iguaque, donde más de 20 guardaparques trabajan junto a 15 brigadistas trasladados desde los parques nacionales Chingaza, Tamá y Guanentá Alto Río Fonce.
El panorama también está relacionado con las condiciones de temperatura y los focos de calor registrados en distintas regiones. El IDEAM mantiene 70 municipios en alerta roja, 94 en naranja y 137 en amarilla por riesgo de incendios forestales. Huila, Tolima, Norte de Santander, Nariño, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Santander y Valle del Cauca concentran parte de las alertas más altas.
En medio de este escenario, las autoridades mantienen el llamado a evitar actividades que puedan generar fuego y a reportar oportunamente cualquier emergencia. La investigación sobre el origen de las conflagraciones será determinante para establecer si se trató de hechos accidentales, acciones negligentes o conductas deliberadas que puedan generar responsabilidad.
Además de las investigaciones para determinar responsabilidades, se mantiene suspendida temporalmente la realización de quemas abiertas controladas en áreas rurales de todo el país. La restricción hace parte de las medidas adoptadas para reducir las posibilidades de nuevas conflagraciones mientras persisten las condiciones que favorecen la propagación del fuego.
El Gobierno también anunció que la próxima semana declarará la emergencia por el fenómeno de El Niño, con el propósito de acelerar la atención de los efectos asociados a la sequía. Entre las medidas previstas está el apoyo financiero y la asistencia a productores agrícolas que han resultado afectados por la disminución de las lluvias y las altas temperaturas.
La situación mantiene la atención sobre las actividades que puedan generar fuego en zonas rurales y sobre la necesidad de determinar el origen de los incendios. En los casos en que las investigaciones establezcan una actuación intencional o negligente, las autoridades deberán definir las responsabilidades y las consecuencias previstas por la legislación.
