ECONÓMICAS
La Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco) acudió al Consejo de Estado para solicitar la nulidad del Decreto 1469 del 29 de diciembre de 2025, mediante el cual el Gobierno Nacional estableció un aumento de 23,7 % en el salario mínimo para 2026.
Con el incremento, el salario mínimo quedó fijado en $1.750.905, sin incluir el auxilio de transporte, mientras que con este concepto la remuneración mensual llegó a $2.000.000.
El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, argumentó que el decreto no tuvo en cuenta los criterios técnicos y legales establecidos para determinar el salario mínimo. Entre los factores que, según el gremio, debían ser considerados están la inflación, la productividad, el crecimiento económico y los efectos de la decisión sobre el empleo.
La discusión sobre la legalidad del decreto ya había llegado al Consejo de Estado a comienzos de 2026. El 12 de febrero, el tribunal suspendió de manera preventiva la norma al considerar que existían cuestionamientos relacionados con la motivación utilizada para sustentar el porcentaje del aumento y dio al Gobierno un plazo de ocho días para presentar las explicaciones correspondientes.
El Ejecutivo respondió el 18 de febrero con un nuevo decreto en el que sustentó técnicamente la decisión de mantener el incremento del 23,7 %. Con esa actuación, la discusión pasó a centrarse en la validez de los argumentos utilizados para establecer el monto del salario mínimo.
Posteriormente, el 17 de julio, el Consejo de Estado levantó la medida cautelar que mantenía suspendida la aplicación del decreto. La decisión permitió que el aumento continuara vigente mientras el tribunal avanza en el estudio de fondo de la demanda presentada contra la norma.
Fenalco sostiene ahora que el decreto debe ser retirado del ordenamiento jurídico por considerar que no se ajustó a las reglas previstas para la fijación del salario mínimo. La decisión definitiva quedará en manos del Consejo de Estado, que deberá establecer si el Gobierno cumplió con los requisitos legales y técnicos exigidos para adoptar el incremento.
Cabal aclaró que la solicitud de nulidad no busca que los trabajadores devuelvan los recursos recibidos durante el periodo en que ha estado vigente el salario fijado para 2026. Según explicó, la pretensión está relacionada con restablecer el marco de legalidad aplicable a la determinación del salario mínimo.
