Por: Danilo Andrés Arboleda
La barbarie de las FARC, el narcotráfico y una Colombia que no puede olvidar a sus víctimas
Una memoria que incomoda
Hay quienes hoy presentan a las FARC como una organización de idealistas que, por equivocación, terminó empuñando las armas. Ese relato omite una historia de secuestros, masacres, reclutamiento de menores, atentados y familias destruidas. La memoria selectiva puede servir a ciertas narrativas políticas, pero no cambia lo ocurrido.
Colombia no puede aceptar que las nuevas generaciones reciban una versión maquillada del conflicto. Algunos conocieron aquella violencia por televisión; otros la vivieron en pueblos arrasados, escucharon a los sobrevivientes o padecieron la pérdida y el secuestro de familiares; y otros estuvimos inmersos en el conflicto del lado de las fuerzas del Estado. La historia debe contarse sin ocultamientos.
Esto no significa desconocer las causas estructurales del conflicto ni las responsabilidades del Estado ni de otros actores armados. Significa reconocer que ninguna reivindicación política justifica el asesinato, el secuestro, la violencia sexual ni el reclutamiento de niños. La ideología no puede ser una licencia para cometer atrocidades.
Los golpes contra la Fuerza pública
Entre mediados de los años noventa y comienzos del nuevo milenio, las FARC ejecutaron una ofensiva a gran escala contra instalaciones militares y policiales, poblaciones y la presencia institucional. Sus ataques terroristas exigían concentración de hombres, armamento, inteligencia y logística; no eran simples escaramuzas aisladas.
Los registros históricos citados muestran 706 acciones en 1997, 597 en 1998, 684 en 1999 y 888 en 2000. Estas cifras muestran la capacidad de la estructura armada para atacar en distintas regiones del país.
Los episodios siguen presentes en la memoria nacional. En 1996, el ataque a la base de Las Delicias, en Putumayo, dejó 27 militares muertos y 60 secuestrados. Ese mismo año, en Chalán, Sucre, las FARC emplearon un burro cargado con explosivos contra la Policía: once uniformados murieron. En diciembre de 1997, el ataque a Patascoy, en Nariño, dejó muertos y secuestrados.
En 1998, El Billar, en Caquetá, fue escenario de una de las ofensivas más dolorosas para el Ejército: decenas de militares murieron y otros fueron secuestrados. En Miraflores, Guaviare, la incursión guerrillera dejó muertos, destrucción y 129 integrantes de la Fuerza Pública secuestrados. Meses después, Mitú, capital del Vaupés, fue atacada por centenares de guerrilleros; la población quedó sometida durante horas y varios policías fueron asesinados o secuestrados.
La lista también incluye los ataques de 1999 en Puerto Rico (Meta) y en Gutiérrez (Cundinamarca), así como otros ataques contra instalaciones militares y policiales. Años después ocurrieron atentados como la bicicleta bomba en Bogotá, en enero de 2002; el ataque al Club El Nogal, en febrero de 2003, que dejó 36 muertos y 158 heridos; y la explosión de una camioneta bomba en la Escuela Superior de Guerra, en 2006. No podemos sacar de la memoria los sonados nombres como Pavarandó, Cerro Tokio, La Carpa, Tamborales o Dabeiba, donde fue derribado un helicóptero UH-60 a manos de los terroristas. Estas son unas escasas citas frente a centenares de ataques y miles de personas que perdieron la vida a manos del “altruismo filantrópico” de las FARC.
No son simples datos de una confrontación. Detrás de cada uniforme había una persona, una familia y una vida. Por eso resulta ofensivo reducir estos hechos a estadísticas o presentar a sus autores como protagonistas de una gesta romántica.
El narcotráfico como combustible de la expansión
¿Cómo sostuvo las FARC semejante despliegue militar? Sus recursos provinieron, entre otras fuentes, del narcotráfico, la extorsión, el secuestro y otras actividades ilegales.
La relación con la coca no fue marginal. En distintas regiones, la organización cobró gravámenes a los cultivadores, exigió pagos por la protección de laboratorios y rutas, y controló territorios estratégicos. Aunque las modalidades variaron entre frentes y zonas, esas rentas fortalecieron su capacidad armada y facilitaron su expansión.
El Plan Estratégico para la Toma del Poder, actualizado por las FARC en 1993, contemplaba concentrar estructuras en la cordillera Oriental y avanzar hacia Bogotá. Esa orientación ayuda a comprender la importancia de las acciones terroristas contra poblaciones e instalaciones situadas en corredores estratégicos.
Hoy, la expansión de las disidencias y las disputas entre organizaciones armadas comparten una preocupación común: el control del territorio y de las rentas ilegales. No todos esos grupos tienen el mismo origen ni responden a un proyecto idéntico, pero en muchos escenarios el narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión sostienen la violencia. El discurso ideológico termina, con frecuencia, convirtiéndose en una justificación para proteger negocios criminales.
¿Qué transformación social puede defenderse mientras se recluta a menores, se desplaza a campesinos y se amenaza a quienes se resisten al dominio armado? El narcotráfico no construye justicia: financia armas, corrompe instituciones y prolonga el sometimiento de las comunidades.
Las víctimas no pueden ser invisibles
La memoria no puede depender de conveniencias políticas ni establecer categorías entre las víctimas. Los militares y policías asesinados, mutilados, secuestrados o desaparecidos tienen, al igual que los civiles, derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y a garantías de no repetición.
También deben ser escuchados los campesinos desplazados, los niños reclutados, las mujeres sometidas a violencia sexual y las comunidades que vivieron bajo el terror. La gravedad de los crímenes debe establecerse conforme a cada hecho y su calificación jurídica; no puede borrarse mediante acuerdos ni discursos de reconciliación.
La paz no equivale a impunidad. Una sociedad que busca reconciliarse necesita conocer la verdad completa, reconocer a todas las víctimas y exigir responsabilidades sin privilegios ideológicos.
Sandra Ramíres y las preguntas pendientes
En ese debate se inscribe la citación de Sandra Ramírez, conocida como Griselda Lobo Silva, por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz, en el marco del Caso 07, que investiga el reclutamiento y la utilización de niñas y niños durante el conflicto.
La diligencia busca profundizar y contrastar la información sobre su trayectoria en la organización, las funciones que desempeñó y su eventual conocimiento o intervención en hechos de violencia sexual y reproductiva contra menores. Existen señalamientos y testimonios que deben ser escuchados e investigados. No corresponde anticipar responsabilidades individuales, pero tampoco minimizar la gravedad de las denuncias.
Según lo expuesto en el documento, la defensa solicitó que la versión prevista para el 4 de noviembre de 2026 se recibiera por escrito, mediante un cuestionario y con un plazo de 30 días hábiles, invocando razones de seguridad y de estigmatización, tamaña ironía: ¿estigmatización? Las garantías procesales deben respetarse; también debe garantizarse que las víctimas puedan conocer la verdad y que la justicia avance sin dilaciones injustificadas.
Las preguntas siguen siendo inevitables: ¿qué ocurrió con las niñas arrancadas de sus hogares? ¿Qué respuesta reciben quienes denunciaron abusos, embarazos forzados y otras formas de violencia en los campamentos? La justicia transicional no existe para proteger reputaciones, sino para esclarecer los hechos, reconocer a las víctimas y evitar que se repitan.
La paz no puede reescribir la historía
El problema de Colombia no se limita a la persistencia de grupos armados que asesinan, extorsionan, reclutan menores y disputan las rentas del narcotráfico. También preocupa que algunos sectores relativicen esos crímenes o pretendan convertir a sus responsables en referentes morales.
La reincorporación política contemplada en el ordenamiento jurídico no constituye un certificado de inocencia ni una absolución histórica. La reconciliación exige memoria, verdad y responsabilidad. No puede construirse mientras se desprecia el sufrimiento de los uniformados asesinados o se guarda silencio ante los niños reclutados y las comunidades sometidas.
La memoria no pertenece a una ideología, a una institución ni a un partido. Es parte de la historia de Colombia y, sobre todo, de quienes padecieron la violencia. Recordar Las Delicias, Patascoy, El Billar, Pavarandó, Cerro Tokio, Tamborales, Dabeiba, La Carpa, Miraflores, Mitú, Chalán y El Nogal no es alimentar el odio: es impedir que la mentira ocupe el lugar de la verdad.
Las FARC podrán cambiar de nombre y algunos de sus antiguos integrantes podrán ocupar cargos, conceder entrevistas o pronunciarse sobre la democracia y la justicia social. Nada de eso borra los hechos ni devuelve la vida a quienes fueron asesinados.
Colombia no necesita una historia acomodada para alcanzar la paz. Necesita una verdad completa, sin víctimas selectivas ni privilegios ideológicos. La memoria no se negocia, las víctimas no se silencian y ningún crimen se convierte en virtud porque sus autores hayan llegado a la política.
