Económicas
Los salarios de julio, agosto y 18 días de septiembre son los pagos que una trabajadora de la Fundación del Alto Magdalena asegura que aún le adeudan, después de varios meses en los que, según su relato, los retrasos fueron aumentando hasta llegar a cerca de dos meses. Ante esta situación presentó su renuncia con justa causa y acudió al Ministerio del Trabajo para buscar una respuesta.
Se trata de Lady Joana Gallego Rojas, quien explicó que tenía una vinculación a término indefinido con la Fundación. Durante enero, febrero y marzo, contó, los pagos se retrasaban entre cinco y siete días, pero desde abril las demoras comenzaron a extenderse. También señaló que la prima correspondiente al primer semestre de 2026 le fue pagada el 28 de agosto.
Los retrasos afectaron incluso su posibilidad de trabajar desde casa. Gallego Rojas explicó que necesitaba internet para cumplir con sus funciones y que, al no poder pagar el servicio, este fue suspendido. “Me tocó ir a una sala de internet porque me cortaron los servicios por la falta de pago”, relató.
El 18 de septiembre presentó su renuncia con justa causa imputable al empleador. Desde entonces, asegura, ha adelantado diferentes gestiones para obtener el pago de los salarios pendientes. También contó que inicialmente recibió una liquidación en la que no aparecían los meses adeudados, por lo que presentó una propuesta de pago y continuó buscando una respuesta.
A esta situación se sumó un episodio que ocurrió después de que decidió hablar públicamente sobre su caso. Gallego Rojas contó que informó a la directora de la Fundación que concedería una entrevista y que, aproximadamente una hora después, recibió un mensaje del abogado de la entidad. Según relató, el profesional le pidió aplazar la entrevista mientras intentaban llegar a un acuerdo.
La trabajadora asegura que en esa conversación pidió que el pago se realizara dentro del plazo acordado. Sin embargo, afirma que el dinero no llegó y que posteriormente el abogado le manifestó que estaban revisando una cláusula de confidencialidad de su contrato relacionada con las entrevistas.
“Yo estoy hablando de mi caso, de mi situación. No voy a hablar de mis funciones ni a revelar información confidencial”, manifestó Gallego Rojas.
Según la trabajadora, posteriormente recibió una comunicación del área jurídica de la Fundación en la que se le indicó que no debía comunicarse con medios de comunicación, conceder entrevistas ni contactar a influenciadores para referirse a su situación. Gallego Rojas cuestionó esta restricción y sostuvo que su intención es hablar de los salarios que reclama y de las gestiones que ha realizado para obtener el pago.
Además de acudir al Ministerio del Trabajo, afirmó que ha enviado comunicaciones a Ecopetrol y a integrantes de la junta directiva de la Fundación del Alto Magdalena. Mientras espera una respuesta, sostiene que su solicitud es que sean cancelados los salarios pendientes y se resuelva la situación laboral que, según su denuncia, permanece sin solución.