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La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena en contra de Cielo González Villa, exgobernadora del Huila, por el delito de interés indebido en la celebración de contratos. La exfuncionaria fue señalada de favorecer a la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA) con contratos para la fabricación, distribución y venta del Aguardiente Doble Anís en el departamento del Huila.
El alto tribunal revisó la sentencia impuesta por la Sala de Primera Instancia de la Corte, que había condenado a González Villa por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y falsedad ideológica en documento público. Sin embargo, la Corte determinó que el delito de falsedad ideológica había prescrito, por lo que no se mantuvo dicha condena.
Según los detalles del expediente, en octubre de 2011, el gobierno del Huila abrió una licitación pública para adjudicar un contrato para la producción, distribución y comercialización del aguardiente. Sin embargo, tras la elección de González Villa como gobernadora en 2012, el proceso se descontinuó y se optó por la contratación directa, celebrando tres contratos interadministrativos con la Fábrica de Licores de Antioquia.
La Corte consideró que el argumento de la exgobernadora, en el que afirmaba desconocer los principios de la contratación estatal, no fue convincente. Los magistrados concluyeron que las decisiones de González Villa no fueron fortuitas, sino que estuvieron orientadas a beneficiar a la FLA mediante el otorgamiento de los tres contratos. A juicio de la Sala Penal, no se trató de un solo contrato, sino de tres, y se destacó que los estudios previos, las invitaciones a cotizar y los términos de las convocatorias fueron diseñados de manera que favorecieron a la Fábrica de Licores de Antioquia, dificultando la participación de otras licoreras.
La Corte también subrayó que, aunque la contratación fue realizada con una empresa estatal, el hecho de favorecer a una de estas compañías mediante un proceso amañado equivale a favorecer a un particular. Además, señalaron que la acción de la exgobernadora afectó negativamente a otras licoreras que no tuvieron las mismas oportunidades de competir en igualdad de condiciones.
Tras la revisión, la Sala Penal modificó la pena contra González Villa. La exgobernadora fue condenada a 74 meses de prisión, una multa equivalente a 218 salarios mínimos mensuales legales vigentes para el año 2012, y se le impuso una inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un período de 83.7 meses.
