Por: Fredy Ernesto Tovar Montenegro Antropólogo
Opinión
Los que hemos estado atentos al desarrollo del juicio contra el matarife, transmitido por diferentes canales de prensa alternativa, hemos visto ya sin asombro como una a una se van sumando las declaraciones de los testigos citados por la fiscalía y por la defensa, a la conclusión evidente de la culpabilidad de Uribe en la autoría intelectual de las gestiones realizadas por el aboganster Cadena ante un fiscal buscando beneficios para algunos presos paramilitares en contraprestación por el posible cambio de sus testimonios, estos ahora a favor del innombrable y en contra del Senador Iván Cepeda.
De paso, esta situación hace suponer que al Magistrado del CNE, Álvaro Hernán Prada, también se le van a fraguar los papeles.
A pesar de las pruebas presentadas por la fiscalía como los audios, los chats de wtsp, los videos grabados por el preso Juan Guillermo Monsalve, y las declaraciones de 6 testigos que a la fecha han desfilado por el juicio, ante la Juez del caso, la doctora Sandra Liliana Heredia, la estrategia de la defensa es ante todo efectiva y funciona a la perfección, aunque no propiamente ética e impoluta.
Ni con el mayor compromiso por parte de la Juez, quien con total certeza ha desempeñado un papel decoroso y admirable por su imparcialidad y carácter decidido, el Juicio al ex presidiario Uribe va tener la mínima posibilidad de llagar a una sentencia, sin importar si es condenatoria o absolutoria.
La cosa es sencilla, los tiempos no dan, no hay la mínima posibilidad que antes del 8 de octubre del presente año, en menos de 7 meses, se escuche la declaración de 38 testigos que faltan, entre los que en lista está programado para mañana lunes 17 de marzo, el ex paramilitar Salvatore Mancuso y 62 declaraciones de la defensa, que tienen como único propósito extender el tiempo al máximo posible para que el delincuente salga impune bajo la figura de libertad por vencimiento de términos.
Con toda esa estrategia, lo que es también imposible de negar ante la contundencia de las pruebas y la descripción de los hechos por parte de los testigos, especialmente los presentados paradójicamente por la defensa, es que Álvaro Uribe si autorizó al aboganster Diego Cadena para que gestionara la tergiversación de las declaraciones cambiándolas ahora en contra de Iván Cepeda por parte de algunos ex paramilitares, especialmente la de Juan Guillermo Monsalve, autorizando también al aboganster para que gestionara beneficios judiciales para estos ex paramilitares, como se comprobó con los audios en los que Cadena buscaba beneficios para el preso Carlos Enrique Vélez, alias “Víctor” exintegrante del bloque Cacique Pipintá, estructura paramilitar que no hizo parte del proceso de desmovilización que se promovió en el gobierno de la “Seguridad Democrática y sus 6402 asesinatos”.
Si bien la libertad por vencimiento de términos es una consecuencia de los vacíos que existen en cuanto a un plazo razonable en un proceso judicial, motivo por el cual el legislativo definió unos tiempos en cada etapa del proceso, por tal razón si esos tiempos no se cumplen, una persona puede quedar en libertad abrogando el derecho a un plazo razonable para definir su situación judicial.
Con lo anterior, podemos afirmar categóricamente que este no es el caso del ex presidiario Uribe quien gozó del contubernio de la Fiscalía de Barbosa y Jaimes, de las dilaciones por parte de los defensores y de toda una sarta de artimañas para dilatar el proceso hasta llevarlo a la libertad por vencimiento de términos o prescripción del mismo.
Me uno a la voz del periodista Daniel Coronel quien afirma categóricamente que, si Uribe realmente es inocente, debe demostrarlo dentro del juicio esperando la sentencia de la Juez, renunciando a su derecho de precluir.
Es deshonesto Uribe, pues quedará en libertad bajo el manto de la impunidad, pero su acción delictiva vivirá perenne en la historia de Colombia.
