Por:Luis Ernesto Salas Montealegre
A raíz del debate sobre el Icetex de convertirlo en un banco de primer piso, voy más allá y propongo una reforma general al sistema educativo. Imagina un país donde cada niño, joven y adulto pueda acceder a una educación de calidad, desde el primer año de colegio hasta el último año de universidad, sin preocuparse por los costos.
Para que la educación gratuita sea una realidad, el primer paso es establecerla como un derecho fundamental garantizado por el Estado en todos los niveles. Esto implicaría una reforma constitucional que no solo hable de acceso, sino también de calidad y libertad de elección. Al declarar la educación como prioridad nacional, el gobierno tendría la obligación de destinar los recursos necesarios para que ningún colombiano quede fuera del sistema educativo, sin importar su situación económica.
Un sistema así no solo generaría oportunidades, sino que también reduciría las brechas sociales que hoy perpetúan la desigualdad. En este modelo, tanto instituciones públicas como privadas podrían participar, siempre que cumplan con estándares de calidad y transparencia. Uno de los mayores obstáculos para un sistema educativo gratuito es, sin duda, el financiamiento. Pero la pregunta no es si el dinero existe, sino cómo redistribuirlo. En Colombia, los recursos están; el reto es administrarlos con eficacia.
El Banco Nacional de Educación seria la piedra angular del sistema, que funcionaría como una institución financiera de segundo piso con capacidad para recaudar, gestionar e invertir recursos tanto públicos como privados en proyectos educativos.
El banco tendría autonomía financiera e independencia del gobierno para evitar politización, como Bancoldex, pero operaría bajo la supervisión del Ministerio de Educación. Se financiaría con recursos provenientes del Estado, empresas privadas, organizaciones internacionales y donaciones. Su objetivo sería el de financiar la educación en todos los niveles y generar rendimientos sostenibles para reinvertir en el sistema educativo.
Empresas privadas podrían invertir en el banco como una forma de responsabilidad social corporativa, recibiendo incentivos fiscales a cambio.
El banco podría emitir bonos para que empresas e individuos inviertan directamente en proyectos educativos.
Instituciones como el Banco Mundial, el BID o fundaciones globales podrían aportar capital y asistencia técnica.
Al no haber costos asociados con la educación, no se necesitaría financiar a los estudiantes con créditos educativos. Los recursos del ICETEX podrían ser redirigidos a fortalecer directamente las instituciones educativas.
Para postgrados como especializaciones, Master y Doctorado se podría establecer un sistema de créditos otorgados por el Banco de la Educación.
Cada institución educativa asumiría la responsabilidad de ejecutar sus propias pruebas de evaluación, basándose en parámetros establecidos por el Ministerio de Educación. Esto descentralizaría el proceso y fomentaría la mejora continua de la calidad educativa en cada institución. Chao ICFES.
Un aspecto innovador del modelo sería permitir que los ciudadanos escojan libremente dónde estudiar, ya sea en instituciones públicas o privadas. Esto se lograría a través de un sistema de “vouchers educativos”, en el que cada estudiante recibiría un presupuesto asignado por el Estado.
¿Cómo funcionaría?
Supongamos que María, una estudiante en Bogotá, se matricula en la facultad de Ingeniería en una universidad privada en Bogotá que cuesta 20 millones de pesos el semestre, la institución educativa reporta la matricula y el Banco de la educación confirma que María esta matriculada y le paga el “voucher” a la Universidad. Este proceso sería para todos los niveles desde la primaria.
Este enfoque fomenta la competencia sana entre instituciones, ya que tanto las públicas como las privadas tendrían que ofrecer calidad para atraer estudiantes. Pero ojo, la participación de las privadas estaría regulada: no se trata de enriquecer a unos pocos, sino de garantizar que todos los recursos sean usados de forma ética.
De nada sirve la educación gratuita si no es de calidad. Para que este modelo sea exitoso, se necesitaría una inversión masiva en infraestructura, formación docente y tecnología.
Muchas instituciones públicas en Colombia enfrentan problemas de infraestructura precaria. Un programa nacional de modernización no solo mejoraría las instalaciones, sino que también haría que las universidades y colegios públicos sean competitivos frente a las privadas.
Los maestros son la columna vertebral del sistema educativo. Reformar el magisterio, proporcionarles formación continua y mejorar sus condiciones laborales sería esencial para garantizar que los estudiantes reciban la mejor educación posible.
La Colombia rural y las comunidades vulnerables no pueden quedar atrás. Para garantizar una verdadera igualdad de oportunidades, sería necesario expandir la conectividad, proveer transporte, alimentación y materiales escolares gratuitos para quienes los necesiten.
Diseñar programas educativos que respeten las particularidades culturales y lingüísticas del país, como las lenguas indígenas.
Para que este sistema sea sostenible, no basta con ofrecer educación gratuita; también es crucial garantizar que los estudiantes permanezcan en el sistema y que el país vea un retorno de esta inversión social.
Un sistema educativo completamente gratuito y universal en Colombia no es una utopía inalcanzable. Con voluntad política, gestión eficiente y el compromiso de todos los sectores de la sociedad, este sueño podría convertirse en realidad.
