Por:Carlos Ernesto Álvarez Ospina
El debate sobre la reforma a la salud en Colombia ha puesto en evidencia la fragilidad del sistema actual y las implicaciones profundas que podría tener su implementación, especialmente en regiones como el Huila, donde el panorama financiero de los hospitales es alarmante. Con deudas que superan los $753 mil millones en la red hospitalaria, es imperativo analizar cómo esta reforma, lejos de ser una solución inmediata, podría agravar las dificultades existentes.
En el Huila, las cifras son elocuentes. Solo el Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo en Neiva enfrenta una deuda superior a los $431 mil millones, de los cuales el 58% es cartera vencida. Este dinero, que podría invertirse en insumos, medicamentos, infraestructura y salarios, permanece atrapado en un sistema que ya muestra signos de agotamiento. Esta situación se replica en hospitales como el San Antonio de Pitalito ($145 mil millones) y el San Vicente de Paul de Garzón ($82 mil millones), evidenciando un problema estructural de financiamiento que afecta la capacidad de atención y la sostenibilidad de estas instituciones.
La reforma propuesta no aborda de manera clara estas problemáticas. Por el contrario, introduce riesgos significativos: la centralización del flujo de recursos y la planificación, la politización del sistema y el incremento del gasto público sin un soporte fiscal sólido. Según proyecciones de la ANIF y AFIDRO, el sistema podría iniciar en 2025 con un déficit de $19,7 billones, una carga que los contribuyentes deberán asumir mediante nuevos impuestos y ajustes fiscales.
En departamentos como el Huila, esta reforma podría desincentivar aún más la inversión privada y limitar el desarrollo de nuevos actores en el sector. La transformación de las EPS en Gestoras de Salud y Vida, y la concentración de recursos en la ADRES, crean incertidumbre jurídica, un panorama que afecta tanto a los prestadores de servicios como a los pacientes. Sin competencia ni autonomía privada, la calidad y el acceso a la salud estarían en riesgo, profundizando las inequidades regionales.
Además, los hospitales huilenses se verán afectados por la politización del sistema, donde decisiones cruciales dependerán de un Consejo Nacional de Salud con posibles sesgos partidistas. Esto generaría barreras regulatorias que dificultarían la compra de medicamentos, la implementación de tecnologías y la mejora de infraestructura, perpetuando la precariedad actual.
El Huila no necesita más centralización ni presión fiscal. Requiere soluciones prácticas: pagos oportunos por parte de las EPS, incentivos para la inversión privada en salud, y un sistema que garantice autonomía financiera a los hospitales. Si la reforma a la salud se aprueba sin considerar estas particularidades, el resultado será un sistema aún más débil, incapaz de responder a las necesidades de la región.
El debate en el congreso debe ser técnico y no político. La sostenibilidad del sistema de salud no puede comprometerse en nombre de un modelo centralizado y politizado. El futuro de Colombia y el Huila, y de su derecho a la salud, depende de decisiones sensatas, basadas en evidencia y con un enfoque en la realidad del país.
