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Cristian Andrés López Gómez es la primera de las 32 víctimas de desaparición forzada documentadas por la JEP en Huila que es identificada y entregada a su familia en el marco del Caso 03: asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate. Su crimen hace parte del expediente que la Sala de Reconocimiento de Verdad tuvo en cuenta al imputar crímenes de guerra y de lesa humanidad a 36 comparecientes de la fuerza pública, responsables de 200 asesinatos y ocho tentativas de homicidio entre 2005 y 2008 en ese departamento.
Seis meses después de la Audiencia de Reconocimiento de Verdad del Subcaso Huila, en la que siete comparecientes de la fuerza pública confesaron este crimen sin mencionar un nombre, porque en ese momento la víctima no había sido identificada, se confirmó que se trataba de Cristian Andrés López Gómez. Hoy, sus seres queridos pudieron, al fin, darle la sepultura digna que el conflicto armado les había negado. En una ceremonia íntima, este sábado, familiares, amigos y allegados iniciaron el duelo suspendido durante años por la incertidumbre de su paradero.
Este avance en el proceso judicial que desarrolla el magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la JEP y relator del subcaso, por crímenes perpetrados en el sur del país, se suma a la evidencia consolidada que permitió esclarecer los hechos. Según la investigación, el 29 de junio de 2008, en la vereda La Cabaña de Suaza, miembros del pelotón Azteca 2 del Batallón de Infantería No. 26 ‘Cacique Pigoanza’ (BIPIG) asesinaron a dos personas que fueron presentadas como dadas de baja en combate y, posteriormente, enterradas como no identificadas.
Años después del crimen, la madre de Carlos Mauricio Duque Pastrana, la otra víctima, localizó en el cementerio de Suaza el lugar donde, según el sepulturero, habían sido inhumados dos cuerpos, uno de los cuales podría ser su hijo. Ante la incertidumbre, las autoridades los exhumaron y los entregaron a Medicina Legal. La identificación de Duque Pastrana se realizó rápidamente, para que su familia le pudiera dar digna sepultura. En el caso de Cristian Andrés López Gómez, el proceso tardó 17 años. Solo hasta hoy fue posible entregarlo, tras el cotejo genético que se realizó con las muestras proporcionadas por su madre, Amalia López.
En la entrega digna, realizada 17 años después de su muerte, además, participaron el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli; el director de la Unidad de Investigación y Acusación, Giovanni Álvarez Santoyo y el magistrado auxiliar Fabián Martínez, quien apoya la investigación del Subcaso Huila.
La verdad judicial
Como parte del proceso judicial ante la JEP, se determinó que, aunque en el anexo de inteligencia de la operación se afirmaba que el batallón había recibido información sobre un grupo armado en la vereda Divino Niño de Suaza, presuntamente dedicado a asaltar habitantes con armas cortas y largas, varios comparecientes desmintieron este supuesto operativo y reconocieron la ilegalidad de la misión táctica JALÓN ante la magistratura. En las audiencias de aporte a la verdad, el sargento (r) William Capera, cuyo testimonio permitió abrir el Caso Conjunto Cementerio Las Mercedes de Dabeiba en Antioquia, relató que, también en este departamento, ordenó al soldado Jorge Eliécer Urbano y a otro militar reclutar a las víctimas y trasladarlas en moto hasta la carretera, donde el pelotón las retendría.
Según dijo en el marco de las audiencias del Subcaso Huila: “las personas de las motos [los militares encargados de esta tarea] van al batallón, recogen las cosas que necesitan para hacer el movimiento, las armas las conseguimos por medio del batallón, fueron dos personas”. Es decir, confesó ante la magistratura y las víctimas que participan del proceso judicial que la planeación del crimen se adelantó con una anticipación de entre cinco y ocho días, y destacó que no hizo nada sin que se lo ordenara el oficial de operaciones del batallón, Francisco Adrián Álvarez Calderón.
En ese mismo sentido, el soldado José Fidel Orjuela manifestó ante la JEP que desde la planeación de la operación todo el pelotón supo que las víctimas no eran delincuentes y dijo que su elección la realizó Capera Vargas, quien escogió personas vulnerables porque “(…) no tenían familiares que digamos, que los reclamaran ni pusieran digamos una demanda, o sea no había, había menos quien investigara el caso, digamos. Que él decía que ellos se quedaban como NN”.
En la noche del 28 de junio, cuando fueron asesinados Cristian Andrés López Gómez y Carlos Mauricio Duque Pastrana, el soldado Orjuela contó que el pelotón se dirigió a la vereda La Cabaña, donde, al final de la carretera, recibieron a dos jóvenes que llegaron en motocicleta. “A ellos los recibimos en horas de la noche”, declaró. Las víctimas fueron engañadas con el argumento de que era necesario verificar sus antecedentes y que debían ser llevadas a una base para confirmar su identidad antes de dejarlas en libertad.
Pasadas las 10 de la noche, la sección bajo el mando del cabo Cárdenas trasladó a las víctimas hasta la zona de La Cuchilla, el punto más alto de la vereda, donde llegaron en la madrugada del 29 de junio. Según el testimonio del soldado Orjuela, ese lugar fue elegido por orden del sargento Capera Vargas, quien indicó que la ejecución debía realizarse en un sitio inaccesible para impedir que el CTI pudiera subir a levantar los cuerpos. Allí, las escuadras se dividieron en dos, cada una encargada de una víctima. A las cinco de la mañana, según relataron los comparecientes, se perpetró el crimen.
Un hallazgo doloroso
Los relatos entregados por comparecientes de la fuerza pública en el marco del Caso 03 en Norte de Santander, la Costa Caribe, Antioquia, Huila y Casanare han permitido superar el umbral de verdad conocido por la justicia, revelar la magnitud de los delitos imputados, la evolución de las prácticas, los daños causados y las causas que convirtieron estos crímenes en ataques sistemáticos y generalizados contra la población civil. En este caso, el crimen hace parte del segundo patrón criminal documentado por la JEP en Huila: el uso del engaño para aprovecharse de personas en condición de vulnerabilidad.
De acuerdo con la evidencia judicial, las víctimas no eran consideradas integrantes o afines al enemigo, sino que eran atraídas o reclutadas por miembros de la tropa o por civiles que, por contraprestaciones económicas, las convencían bajo engaño para ser trasladadas desde zonas como Garzón, Pitalito o Neiva a sitios donde terminaban siendo asesinadas. En su mayoría se trata de personas vulnerables por circunstancias económicas, de desplazamiento, sin domicilio fijo, o habitantes de calle, con consumo problemático de sustancias, lo que hacía menos probable los cuestionamientos e investigaciones sobre los mismos. Este es uno de los tres patrones macrocriminales identificados, documentados e imputados en el Subcaso Huila. En esta investigación, la JEP pasó de 15 condenas en la justicia ordinaria al reconocimiento público de 200 falsos positivos y 32 desapariciones forzadas aceptadas por los máximos responsables, la mayoría de ellos nunca investigados.
Por el crimen de Cristian Andrés, se pagó un millón de pesos por supuestamente haber informado sobre la presencia de sujetos en la vereda La Cabaña de Suaza. Sin embargo, según el testimonio del soldado José Anacona, el sargento Capera le pidió a una persona que fingiera haber entregado esa información. Este caso evidencia cómo, para ejecutar estos crímenes, se seleccionaron personas vulnerables, quienes fueron asesinadas y presentadas ilegítimamente como integrantes de grupos armados o delincuencia común. Además, los responsables emplearon maniobras para ocultar la identidad de las víctimas, hacer más difícil la investigación y configurar el delito de desaparición forzada.
“Cristian Andrés López Gómez no fue un delincuente y no se enfrentó a integrantes del Ejército. Cristian fue un joven que murió a los 16 años, un hijo, un hermano, que no debió haber muerto ni debió haber sido desaparecido. Hoy hacemos entrega de su cuerpo para que descanse en la paz que merece. Este acto es tan solo un paso en un largo proceso de duelo y restauración. Si bien no borra el sufrimiento que él vivió, ni al que ustedes fueron sometidos por no conocer durante mucho tiempo su paradero, sí es un acto cargado de respeto y dignidad. Un homenaje que reconoce su vida y el profundo impacto que tuvo en quienes lo amaron”, dijo el presidente de la JEP, magistrado Alejandro Ramelli, durante su entrega digna.
