Redacción La Última
Los hechos se remontan al año 2023 en la administración de Leonardo Valenzuela, cuando según el ente de control, en la alcaldía de Garzón se generó detrimento patrimonial debido a presunta contratación irregular, gestión fiscal deficiente y déficit presupuestal. Los hallazgos fiscales ascienden a más de 15 mil millones de pesos.
En el informe de auditoría se señalan al exalcalde de Garzón, Leonardo Valenzuela, y al exgerente de Empresas Públicas de Garzón, Jesús Alberto Rojas, quienes han sido objeto de las denuncias ciudadanas por su presunta participación en la ejecución de los contratos irregulares y en la adopción de decisiones que favorecieron prácticas de corrupción.
Los hechos
Las irregularidades se hallaron tras una auditoría de la Contraloría Departamental del Huila que por un lado reveló un detrimento patrimonial de más de 800 millones de pesos, producto de 12 hallazgos administrativos, fiscales y disciplinarios.
Por otro lado, durante 2023 se suscribieron 104 contratos por más de 15 mil millones de pesos, lo que generó dudas sobre la correcta ejecución y registro de estos compromisos, evidenciando deficiencias en el control y seguimiento.
Las denuncias indicarían que durante la gestión de la administración municipal en 2023, se habrían firmado convenios y contratos sin la debida transparencia, permitiendo que recursos destinados al bienestar público fueran, al parecer, desviados en convenios colectivos y otros compromisos dudosos.
Asimismo, se detectó el pago de sanciones e intereses ante la DIAN, lo que impactó en la disminución del patrimonio público y reflejó una gestión fiscal ineficiente.
La Contraloría señaló que se presentaron problemas en arrendamientos y deudas: El contrato de arrendamiento con Gustavo Rojas Cardoso y el incumplimiento en el pago de cuotas de fomento (con Fedegan) evidenciaron deudas significativas y la necesidad de iniciar procesos ejecutivos para recuperar recursos.
El ente de control también identificó deficiencias en el registro y pago de cuentas por pagar y por cobrar, lo que afecta la calidad de la información financiera y evidencia riesgos en la recaudación de recursos públicos. A pesar de incrementos y modificaciones en el presupuesto, se registró un déficit y un gasto elevado en convenios colectivos, representando un alto porcentaje del total de gastos de personal.
Se ha puesto en evidencia que, mientras la institución acumulaba déficits y cuentas por cobrar que nunca se materializaban, los vínculos y relaciones políticas se habrían impuesto como prioridad, dejando en el olvido la verdadera función de administrar en beneficio de la comunidad.
Denuncias por irregularidades
El informe de auditoría devela que se presentó una denuncia ciudadana señalando presuntas irregularidades, como la existencia de nómina paralela y la ejecución de contratos sin el debido control, lo que sugiere posibles prácticas de favores políticos.
En este escenario, la lucha contra la corrupción se erige como un imperativo ineludible, y la sociedad exige que cada acción irregular sea esclarecida y sancionada, para que el patrimonio público y el futuro de Garzón no se vean nuevamente amenazados por la impunidad.
