Política
Fue radicado ante el Congreso el Proyecto de Ley 585 de 2025, que propone crear un nuevo delito en el Código Penal Colombiano relacionado con el ingreso de elementos prohibidos a establecimientos de reclusión. El proyecto busca modificar la Ley 599 de 2000, añadiendo el artículo 453 A al capítulo octavo del Código Penal, con el fin de establecer sanciones penales para quienes intenten introducir artículos como celulares, SIM cards, tecnología, dinero y otros elementos no autorizados.
Actualmente, la legislación vigente se limita a incautar los artículos prohibidos y aplicar sanciones administrativas, sin contemplar penas privativas de libertad. Este vacío legal ha llevado a que el ingreso de estos objetos, a pesar de ser detectado, no sea considerado un delito con consecuencias penales severas. “Hoy día lo único que hace la ley es incautar los elementos o generar una sanción no penal. Nosotros estamos volviendo una sanción penal a quien intente ingresar estos elementos prohibidos”, explicó Luz Pastrana, representante a la Cámara.
Según datos del Ministerio de Justicia, entre 2020 y 2024 se incautaron más de 176,000 celulares, 248,000 botellas de licor, 63 toneladas de marihuana y una tonelada de cocaína en los establecimientos de reclusión. “Lo que pretende este proyecto de ley no es simplemente sancionar o incautar los elementos, sino poner una pena ejemplarizante”, añadió Pastrana.
El proyecto de ley establece una pena de prisión que podría variar entre 48 y 168 meses, además de una sanción económica que oscilaría entre 100 y 300 salarios mínimos, dependiendo de las circunstancias. “48 meses para que no sea excarcelable”, señaló la representante, con el objetivo de establecer medidas más estrictas ante el ingreso de estos objetos ilegales.
Luz Pastrana explicó que el proyecto surge debido a la creciente preocupación por la violencia en los centros de reclusión. “Hay cifras elevadas que nos están llevando a tener una emergencia carcelaria en 2024”, subrayó. Entre 2023 y noviembre de 2024 se presentaron 409 amenazas contra funcionarios del Inpec, de las cuales 22 se materializaron en atentados y 11 en homicidios. Pastrana vinculó estos incidentes con la facilidad de ingreso de elementos prohibidos a los centros de reclusión, lo que, según ella, ha generado un ambiente de mayor violencia en las cárceles y centros transitorios.
El proyecto no solo abarca las cárceles, sino también los centros transitorios y las Unidades de Reacción Inmediata (URI), donde también se detecta el ingreso de artículos ilegales. “Lo que queremos es, de esta manera ejemplarizante, limitar el uso de estos elementos prohibidos y frenar la compra y el ingreso de los mismos a los establecimientos de reclusión”, afirmó Pastrana.
Con este proyecto, los legisladores buscan imponer un control más estricto sobre el ingreso de elementos ilícitos en las prisiones del país, enfrentando así un problema que ha incrementado la violencia dentro de las instituciones carcelarias. El debate sobre este proyecto de ley continuará en el Congreso, donde se analizarán sus posibles implicaciones y la viabilidad de su implementación.
