Política
La extorsión sigue siendo uno de los delitos más preocupantes en Colombia, afectando a miles de ciudadanos cada año y generando ingresos millonarios para las bandas criminales. Según el representante a la Cámara Julio César Triana, quien presentó datos obtenidos a partir de un derecho de petición realizado al Ministerio de Justicia y la Policía Nacional, la situación es alarmante.
En 2024, las autoridades incautaron más de 43.000 sim cards y 34.785 teléfonos celulares en las cárceles del país. Estos dispositivos, en su mayoría, son utilizados por los reclusos para realizar llamadas extorsivas a personas fuera de prisión. Además, en los operativos realizados por el INPEC, se incautaron 963.923 gramos de estupefacientes, 29.104 armas y 44.042 litros de licor. La red de comunicación dentro de las prisiones continúa siendo uno de los canales más efectivos para las actividades ilícitas.
El bloqueo de los códigos imei de los teléfonos móviles dentro de las cárceles ha mostrado una disminución considerable en los últimos años. Mientras que en 2022 se bloquearon 10.196 teléfonos, en 2024 la cifra cayó a solo 1.182. Esto refleja, según los expertos, una serie de deficiencias en la implementación de políticas más efectivas para controlar las comunicaciones ilícitas desde las prisiones.
El crimen de extorsión ha experimentado un incremento significativo. En los últimos tres años, los reportes por extorsión han aumentado en un 63%, alcanzando 22.519 registros en 2024. De igual forma, las llamadas extorsivas aumentaron un 55%, con 5.898 denuncias registradas en el mismo año. Este aumento refleja la persistencia del problema y el impacto que tiene sobre los ciudadanos.
Las víctimas de extorsión en Colombia pagaron más de $15.000 millones en 2024, lo que demuestra la magnitud económica del delito. La extorsión se ha consolidado como una de las principales fuentes de financiamiento para las organizaciones criminales, lo que pone en evidencia la necesidad de reforzar las estrategias de prevención y sanción.
El 97% de las extorsiones son perpetradas por grupos de delincuencia común. Este dato subraya la prevalencia de este delito fuera de las estructuras criminales más organizadas, como los carteles del narcotráfico, que también se benefician de este tipo de prácticas ilícitas.
El 80% de los colombianos prefieren no denunciar si son víctimas de extorsión, lo que revela una gran desconfianza en las instituciones encargadas de garantizar la seguridad y la justicia. Esta cifra refleja no solo el miedo de las víctimas a represalias, sino también una falta de confianza en el sistema judicial para proteger sus derechos.
Las capturas por extorsión siguen siendo insuficientes frente al crecimiento del delito. Según las cifras presentadas, las detenciones por este crimen solo aumentaron un 5% anual, con 2.908 capturas en 2024. Esto refleja las limitaciones en la respuesta institucional ante un fenómeno que sigue afectando a amplias capas de la población.
