Por: Faiver Eduardo Hoyos Pérez
Opinión
Nosotros, los neivanos estamos pagando impuestos adicionales este año por nuestra seguridad a través de la sobretasa del 7% sobre el impuesto predial, el resultado hasta el momento son 59 homicidios registrados en lo que va de 2025. Los datos de la Policía Nacional no mienten, entre enero y julio de 2023 pasamos de 44 homicidios a 49 en el mismo periodo de 2025, un incremento del 11,4% mientras se pagan millones extras en impuestos.
Recordemos que en diciembre pasado nos vendieron la idea de que, con los recursos de la sobretasa, más $3.000 millones de pesos del primer endeudamiento de $80.000 millones de pesos aprobado por el Concejo de Neiva, la seguridad mejoraría en nuestra ciudad. Hoy, casi 10 meses después, los hechos han demostrado lo contrario.
¿En qué se han invertido estos recursos? La administración municipal habla de motocicletas de alto cilindraje que llegarían probablemente en octubre, vehículos automotores y equipos de cómputo. Mientras esperamos la llegada de estas compras, la delincuencia no descansa y en menos de 12 horas, los barrios La Rioja y Calixto, conocidos por ser barrios tranquilos, fueron testigos de nuevo hechos de violencia.
Según una encuesta realizada por la Cámara de Comercio del Huila en meses pasados, más del 80% de los comerciantes formales se sienten inseguros. No solo es el homicidio lo que preocupa, el hurto y la extorsión campean sin control. Pese a ello, los afectados temen denunciar, lo cual maquilla las cifras oficiales, dado que, si no se denuncia las estadísticas decrecen.
Las medidas policivas en Neiva son muy importantes, pero por si solas no funcionan, ya que también se deben implementar estrategias dirigidas al factor social. Nuestra ciudad tiene más de 100 asentamientos sin regularizar donde el Estado brilla por su ausencia, allí no llegan las motocicletas de alto cilindraje ni los equipos de cómputo, pero sí se extiende la violencia.
Por su parte, el secretario de Gobierno, José Ferney Ducuara, celebra haber reparado 140 cámaras de videovigilancia. Si bien la tecnología es útil, estas medidas son parches temporales que no atacan la raíz del problema, ya que las cámaras son testigos silenciosos de la violencia, pero no la previenen. Mientras tanto, la administración recurre a medidas como los toques de queda en las comunas más vulnerables, cierre de establecimientos comerciales y operativos relámpago, pero los resultados aún siguen sin observarse.
La administración municipal convirtió la inseguridad en una oportunidad recaudatoria, cobrando millones extras este año bajo la promesa de mejorar la seguridad. Si bien estos recursos han permitido fortalecer unidades como el grupo Gaula de la Policía, los resultados en la reducción de homicidios siguen sin materializarse, contradiciendo las promesas.
Desde luego, considero que esos millones podrían haberse destinado a programas sociales preventivos en las comunas donde la violencia se concentra y los menores son instrumentalizados para delinquir. Sin duda, el Gaula es necesario, pero sin inversión social en los territorios vulnerables, seguiremos contando muertos mientras celebramos compras.
Por lo tanto, Neiva no necesita más impuestos ni más promesas vacías, lo que realmente necesita es una política de seguridad que enfrente las economías ilegales, el microtráfico, las disputas territoriales entre pandillas y la marginalidad de más de 100 barrios informales. Es necesario replantear, si se pretende seguir cobrando por una seguridad que no llega, o en cambio, nuestros gobernantes buscaran medidas que ataquen las causas estructurales de la violencia porque al final, la verdadera seguridad no se compra con sobretasas; se construye con justicia social y oportunidades para sus ciudadanos.
