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El Gobierno nacional expidió un decreto que pone en marcha el Comité Nacional de Tecnología, Niñez y Adolescencia, una instancia que tendrá la función de analizar el comportamiento digital de niños, niñas y adolescentes en el país y coordinar acciones entre distintas entidades del Estado a partir de información suministrada por las plataformas tecnológicas. La medida se apoya en la Ley 2489 de 2025 y se orienta a obtener datos que permitan comprender cómo interactúa esta población con entornos digitales y cuáles son los riesgos a los que puede estar expuesta.
Desde el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se explicó que la norma no contempla prohibiciones sobre el uso de redes sociales ni restricciones al acceso a dispositivos móviles por parte de menores. La ministra Carina Murcia señaló que el propósito es contar con información verificable y periódica que sirva de base para el diseño de políticas públicas en materia de protección digital.
Para ello, el decreto establece que compañías como Meta y TikTok, entre otras plataformas con presencia en el país, deberán presentar informes anuales sobre el uso que hacen los menores de sus servicios. Estos reportes permitirán identificar patrones de consumo digital, horarios de conexión, tipos de contenidos y posibles situaciones que representen riesgos para esta población.
La información recopilada será analizada por el comité, que tendrá la tarea de articular a entidades del sector educativo, autoridades de protección a la infancia, organismos de control y representantes del sector tecnológico. A partir de este trabajo, se podrán formular recomendaciones y proponer medidas orientadas a fortalecer la seguridad digital de niños y adolescentes con base en evidencia.
El decreto también introduce el concepto de corresponsabilidad en la protección de los menores en entornos digitales. Según lo planteado por el Gobierno, la seguridad en internet no recae únicamente en el Estado, sino que involucra a las empresas tecnológicas, a las instituciones educativas y a las familias, que cumplen un papel en el acompañamiento y supervisión del uso de dispositivos y plataformas.
Aunque la norma vigente no fija límites de edad ni impone restricciones directas, el Gobierno dejó abierta la posibilidad de adoptar decisiones más estrictas en el futuro si los datos evidencian situaciones reiteradas de ciberacoso, abuso en línea o prácticas como el grooming que afecten a esta población. En ese escenario, las conclusiones del comité servirían de sustento técnico para nuevas regulaciones.
Con esta medida, el Ejecutivo busca construir un diagnóstico nacional sobre la relación entre menores y entornos digitales, que permita orientar acciones de prevención, educación y protección, así como ajustar las políticas públicas de acuerdo con la información obtenida de manera sistemática.
